2019 es un año decisivo para el Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos

Sep 2019

2019 es un año decisivo para el Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos

Sep 2019

Entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 tendrá lugar la 5ta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra, cuyo mandato es la aprobación de un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

El objetivo de este tratado es obligar a las corporaciones a respetar los derechos humanos, creando un mecanismo para que los estados y pueblos afectados puedan demandar a las empresas transnacionales.

Como miembros de la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad, el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas participaremos en las actividades organizadas en Ginebra para continuar presionando a los gobiernos y evitar que descarrile el proceso.

Hemos redactado una breve guía para entender qué se va a decidir del 12 al 19 de octubre en Naciones Unidas Ginebra y por qué nos afecta:

¿Por qué necesitamos herramientas legales que obliguen a las corporaciones a cumplir los DDHH?

La actividad de las trasnacionales provoca casos de explotación infantil, esclavitud, crímenes al entorno natural y contra la salud de las personas, así como expolio de recursos de los que viven comunidades enteras, creación de deudas de país, sin contar con los numerosos casos documentados de tortura, abusos sexuales y asesinatos de defensores de DDHH en las comunidades. Un dato que debería ser por sí solo alarmante, es que la Organización Mundial del Trabajo cuantifica en 25 millones las personas en situación de trabajo forzoso.

La violación de los derechos humanos por parte de las corporaciones es la norma y no la excepción. Esto se debe a que existe todo un entramado jurídico internacional de obligado cumplimiento diseñado para defender los intereses de las transnacionales, mientras que sus obligaciones se reenvían a las legislaciones na­cio­nales – sometidas a políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción de las políticas pública – y además, existe una ausencia de me­ca­nismos e instancias ade­cuadas pa­ra exigir la responsabilidad de las empresas transnacionales en el ámbito internacional, ya que los sistemas internacionales y regionales no están diseñados para recibir denuncias contra las empresas.

Además de la arquitectura jurídica de la impunidad, las corporaciones crean complejas cadenas de suministros y grupos empresariales que complican la atribución de responsabilidades.

Un instrumento legalmente vinculante es esencial para poner fin a esta asimetría jurídica y acabar con la impunidad de las empresas transnacionales y regular su actividad, que causa terribles impactos económicos, sociales, ambientales y culturales en las comunidades afectadas y las personas trabajadoras.

El Tratado Vinculante: cómo hemos llegado hasta aquí

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la resolución 26/9 para establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta que elaborara un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos (IGWG). Fue un evento histórico después de décadas de discusiones y de intentos fallidos dentro de las Naciones Unidas con la oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies empresariales a establecer herramientas de carácter obligatorio.

Presidido por Ecuador, el grupo de trabajo intergubernamental se ha reunido tres veces (julio de 2015, octubre de 2016 y octubre de 2017). La presidencia emitió los elementos para un borrador de instrumento legalmente vinculante en septiembre de 2017 , y en julio de 2018 se presentó un borrador cero que fue discutido en ocasión de la la 4ta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (OEIGWG) en Ginebra. Aquí se puede encontrar un resúmen. Recomendamos este artículo de Gorka Martika de OMAL para entender todo el proceso.

El 16 de julio de 2019 se publicó el borrador revisado del Tratado, sobre el cual la Campaña Global es crítica, dado que recoje una de las propuestas fundamentales de la Unión Europea, de las organizaciones del sector privado y otros Estados como es la ampliación del ámbito de aplicación a todas las empresas, sin distinción, lo cual se encuentra en contraposición del mandato establecido en la resolución 26/9 que se refiere con claridad a las empresas “con actividad transnacional”, y no da cuenta clara de la preocupación central de cubrir este déficit en el derecho internacional de los derechos humanos. Al hacer esta elección, contrariamente al espíritu de la Resolución de trabajar en favor de pueblos y estados que participan con la expectativa de que el tratado cree mecanismos para controlar violaciones y abusos derivados específicamente de la ETNs que no pueden controlar. Al mismo tiempo, no ha incluido un gran número de propuestas formuladas por un amplio conjunto de organizaciones, movimientos sociales, representantes de las comunidades afectadas y estados durante la cuarta sesión, como, por ejemplo, el reconocimiento de obligaciones directas de respeto de los derechos humanos para las empresas transnacionales, entre otros. Asimismo, la propuesta elimina algunos elementos importantes que constituían avances, como, por ejemplo, la primacía de los derechos humanos respecto de los acuerdos de comercio e inversión

 

 

¿Cuál es la posición de España y la UE?

La UE es un clave en el proceso debido a la gran cantidad de ETNs que tienen su sede en Europa, muchas de ellas involucradas en violaciones de DDHH en todo el mundo.  

Sin embargo, su estrategia ha consistido en poner trabas burocráticas -en diciembre 2017, la UE llegó incluso a pedir a la Asamblea General de Naciones Unidas que no aprobase el presupuesto para continuar las negociaciones-  y vaciar de contenido los ejes nucleares del futuro texto del tratado. La UE defiende la ampliación de los agentes sujetos a regulación – que no se aplique únicamente a las empresas transnacionales sino a “todo tipo de empresas”- como estrategia para diluir. Y también la defensa de un tratado que incluya el máximo posible de referencias a normas voluntarias y no obligatorias – en la línea del Global Compact y los Principios Rectores de Ruggie, que han demostrado no ser suficientes -.

Frente a esta postura de la delegación europea en Ginebra, es importante señalar que el Parlamento Europeo votó en 2018 una resolución de apoyo al Tratado vinculante e instó a la UE a apoyar un tratado con obligaciones para las ETN y los derechos humanos. La mayoría del europarlamentarios apoyó la resolución — 301 votos a favor, 288 en contra y 17 abstenciones- , que la delegación de la UE en Naciones Unidas -Ginebra ha ignorado.

Es importante explicar que la UE como tal no tiene competencia ni mandato para negociar un instrumento vinculante, sino que son los Estados miembros quienes tienen el mandato legal y la obligación de proteger y promover los derechos humanos y de participar constructivamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la delegación de la UE interviene en la sesión inicial y en la finalización de la sesión y participa en el ‘aspecto procesal del instrumento’ y no en el contenido. Esto significa que los delegados de la UE podrían ‘aportar comentarios’ de años anteriores que cuestionen todo el marco del proceso del Tratado.

En este contexto, el Estado español podría tomar la iniciativa, sin embargo en sesiones anteriores se ha limitado a  no participar y no romper la disciplina de la Unión Europea.

 

El papel de la  sociedad civil: la Campaña Global para parar con la impunidad de las transnacionales y desmantelar el poder corporativo

Se trata de una coalición de más de 200 movimientos sociales, redes y organizaciones, así como campañas de denuncia de empresas específicas, activas en diferentes sectores, regiones y países. Se trata de una respuesta de los Pueblos, a nivel global y estructural, que aspira a confrontar el poder de las transnacionales, mediante estrategias de intercambio de información y de experiencias, debates, funcionando como un espacio cada vez más visible donde se profundiza la solidaridad y el apoyo entre las diferentes luchas contra las empresas transnacionales (ETNs).

Nuestras peticiones son:

1) El futuro tratado debe estar dirigida a las ETNs y otras empresas con actividades transnacionales, de conformidad con el mandato otorgado al Grupo de Trabajo Intergubernamental en la resolución 26/9.

2) El futuro tratado debe contener obligaciones directas para las ENTs. También debe establecer la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas matrices con las entidades a lo largo de su cadena global de producción (filiales, subcontratistas, proveedores, etc.).

3) El futuro tratado debe prever un mecanismo internacional de aplicación con poderes de aplicación eficaces y vinculantes. En este sentido, la Campaña Global propone la creación de una Corte Internacional para enjuiciar a las ETNs que cometen violaciones de los derechos humanos y de un Centro Internacional de Monitoreo de las ETNs.

4) El futuro tratado debe establecer de manera clara la primacía de las obligaciones de derechos humanos sobre los acuerdos de comercio o de inversión.

5) El futuro tratado debe incluir medidas concretas contra la influencia de las ETNs en el proceso de formulación de políticas públicas a nivel internacional y nacional.

6) La participación efectiva de la sociedad civil en todas las etapas de las negociaciones sobre el proyecto de tratado y la salvaguarda del proceso de la influencia de las ETNs y sus representantes.



 

¿Cómo participar o apoyar el proceso?


  • Únete a las acciones de protesta frente al poder corporativo el 12 de octubre en todo el planeta y a presionar a los gobiernos para que avance el Tratado Vinculante. Se trata de un día importante al celebrarse el “descubrimiento” de América iniciando un proceso colonial que tiene una continuidad con las actuales políticas económicas impuestas por los países más poderosos al Sur Global.