Smart cities, ¿inteligencia para quién?

Nov 2021

Smart cities, ¿inteligencia para quién?

Nov 2021

Estos días se celebra el Smart City Expo World Congress (SCWCB) en Barcelona,  una cita que reúne a empresas y representantes municipales, en torno a las tecnologías inteligentes de gestión de nuestras ciudades.  Dentro del programa de actividades sorprende que uno de los eventos destacados haya sido la bienvenida a la delegación de Israel, por parte del mismo director del SCWCB, el Sr. Ugo Valenti. Se trata de  una recepción que no se celebra para el resto de países y en la cual ha participado el Sr. Haim Bibas presidente de la Federación de Autoridades Locales de Israel. El Sr. Haim Bibas, es además alcalde de Modi’in-Maccabim-Re’ut, situado en asentamientos ilegales de  Cisjordania, y por ello, desde agosto de 2012, este municipio forma parte de la lista de territorios cuyas exportaciones la Unión Europea no considera de orígen israelí, quedando excluídos del tratamiento arancelario preferencial en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

 

Entre las participantes en el congreso se encuentran empresas vinculadas a la extracción de recursos naturales de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, como ABB y Engie y compañías que se benefician de la industria militar, el control y militarización de fronteras o la vigilancia masiva, como Honeywell International, Accenture, Atos IT, CISCO, CTRL4 enviro, Magna o Motorola, ésta última señalada en la base de datos de Naciones Unidas de empresas que se benefician de la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. Participa, también, el Israel Smartcity Institute, una organización que cuenta entre sus clientes a la empresa Rafael y a las Fuerzas Armadas de Israel (Israel Defence Force).

Israel y el desarrollo de tecnologías para la ocupación

El congreso se celebra en un contexto comprometido para las empresas tecnológicas israelíes. La semana pasada salieron a la luz dos noticias vinculadas con el uso de tecnología de vigilancia masiva por parte de Israel, al servicio del apartheid y de la vulneración sistemática de los derechos de la población palestina bajo la ocupación, así como de defensores de Derechos Humanos.

Pegasus de NSO Group: spyware contra la disidencia política

En primer lugar, una investigación de Front Line Defenders encontró el spyware Pegasus de NSO Grup en dispositivos móviles de 6 defensores y defensoras de Derechos Humanos palestinos. No hay pruebas técnicas que confirmen que el Estado de Israel ordenó los hackeos de estos seis activistas palestinos, pero tres de las seis personas trabajan para ONGs recientemente acusadas de ‘terrorismo’ por Israel. Por otro lado, NSO ha afirmado que sólo vende sus programas espía a clientes gubernamentales con el fin de luchar contra los delitos graves y el terrorismo, y la empresa está estrechamente regulada por el Ministerio de Defensa israelí.

NSO es una empresa incluida recientemente por el gobierno de Biden en la lista negra de empresas que pueden operar en Estados Unidos, dificultando la adquisición de tecnologías o servicios de origen estadounidense. Esta decisión se tomó tras encontrar pruebas del uso de tecnología de NSO “en contra de la política exterior y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

NSO Grup opera en el Estado Español desde 2015, gracias a un contrato con el Gobierno según información de la revista VICE. A mediados de 2020, el centro de investigación canadiense Citizen Lab sacó a la luz el uso del Pegasus spyware (un software espía) para espiar a políticos independentistas catalanes.

En respuesta a la pandemia, NSO Group también ofreció a los Estados una nueva y gran herramienta de análisis de “big data” para mapear el movimiento de las personas y sus contactos, con el objetivo de ayudar a frenar el virus. Activistas y abogados han detectado recientemente la adaptación de técnicas clásicas, como la infiltración policial en el entorno digital mediante el uso de tecnologías phishing (la suplantación de identidad) e infiltración digital a través de redes de correo electrónico y mensajería como WhatsApp o Telegram.

Blue Wolf: tecnología para el apartheid

La segunda noticia, fruto de una investigación del Washington Post , desveló el programa masivo de reconocimiento facial israelí Blue Wolf, que coteja exclusivamente rostros palestinos con una base de datos y muestra instrucciones codificadas por colores sobre si se debe proceder a su detención. Para crear la base de datos que utiliza Blue Wolf, soldados israelíes compitieron el año pasado fotografiando a palestinos, incluidos niños y ancianos, con premios para el mayor número de fotos recogidas por cada unidad. El número total de personas fotografiadas no está claro, pero se cuentan por miles.

Blue Wolf no es la única iniciativa de vigilancia masiva de población palestina por parte de Israel. Desde el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo venimos documentando el uso de diferentes tecnologías, así como el impacto de la privatización de las tecnologías de control social sobre los derechos de la población palestina.

 

Innovación tecnológica al servicio de la vigilancia y el control social

Este tipo de empresas y de programas forman parte del ecosistema de ‘innovación tecnológica’ del Estado de Israel, cuya delegación ha sido invitada con especiales honores a la Zona de Innovación del Smart City Expo World Congress 2021.

Con frecuencia los Congresos Smart City sirven como plataformas para internacionalizar el uso de tecnologías desarrolladas por algunas empresas que han operado en situaciones de conflicto. El SmartCityExpo World de 2018 en Barcelona tuvo como expositores  las empresas Cellcom y Electra Ltd en representación de Motorolla Solutions. Las 3 empresas están incluidas en el listado de Naciones Unidas de empresas que operan en Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental  .

Bajo una pátina de progreso y conexión y con la ambigua etiqueta de Smart City, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y ciudades han ido recurriendo cada vez más abiertamente a los métodos de vigilancia tecnológica, biométrica y de predicción del comportamiento, como estrategia para incrementar el control sobre la población. Israel es un Estado pionero, con casos emblemáticos, como el programa de vigilancia panóptica “Mabat 2000“, sobre la comunidad palestina de Jerusalén Este programa ha sido diseñado por empresas privadas de seguridad con claros orígenes militares, como AGM Company y Mer Group, que han desplegado más de 350 cámaras de videovigilancia y sensores en las calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén, una cámara por cada 125 residentes, que registran imágenes continuamente, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Otro ejemplo es el sistema “Better Tomorrow”, de Anyvision que es utilizado para el monitoreo de la población palestina en los checkpoints en Cisjordania y los espacios urbanos de Jerusalén Este. Consiste en un sistema táctico de videovigilancia que provee análisis de vídeo en tiempo real a través del reconocimiento facial en diferentes contextos.

 

Por una tecnología inteligente respetuosa con los DDHH

La investigación ‘Mass Surveillance” que desarrollamos junto a otros observatorios europeos de la red ENCO documenta otras tecnologías y tendencias desarrolladas por empresas israelíes y vendidas a terceros países bajo el ‘sello de calidad’ de que ha sido testeada previamente sobre población palestina.

Considerando que estas tecnologías invasivas generan efectos de control de la población y en muchas ocasiones vulneraciones de derechos humanos, llamamos la atención sobre cómo el uso de éstas tecnologías está reforzando una situación de ocupación y conflicto que se vive desde hace 73 años en el Territorio Ocupado de Palestina. En esa medida, nos preocupa la escasa reflexión por parte de los organismos públicos al respecto de cómo garantizar y promover los Derechos Humanos globales en la innovación tecnológica. Esto incluye, el vigilar el protagonismo que se da a la innovación tecnológica de ciertas empresas israelianas que operan en territorio ocupado.

Desde el ODHE defendemos que las administraciones públicas del Estado Español y la Unión Europea deben excluir de cualquier licitación pública a aquellas empresas que hayan vulnerado Derechos Humanos en cualquier parte del mundo y que no tengan ningún tipo de cláusula a la hora de vender sus productos a regímenes donde el respeto a la vida y a los derechos y libertades de la ciudadanía se pone diariamente en entredicho.

Es conveniente que se incorpore en el sector de la innovación tecnológica y del desarrollo de IA, la transparencia en las decisiones automatizadas, el análisis de riesgos de las implicaciones del uso de las tecnologías smart y la trazabilidad de dónde se han producido las tecnologías, así como la identificación de si en ellas hay elementos de vulneración de derechos humanos. En esa medida, regular la importación y exportación de tecnologías de vigilancia masiva que han sido desarrolladas en los contextos de ocupación israelí de Palestina, así como a las empresas que proporcionan la tecnología utilizada por las fuerzas israelíes para implementar la colonización israelí de Palestina y el asedio de Gaza. En esta categoría deberían incluirse a todas las empresas nombradas en la base de datos de las Naciones Unidas involucradas en asentamientos israelíes ilegales.

Finalmente, llamamos la atención sobre la necesidad social de hacer una reflexión colectiva que considere que la ciudadanía debe estar 100% informada de la manera como la tecnología promovida en las Smart Cities puede afectar sus derechos humanos y digitales a la privacidad. También consideramos que esta demanda no implica ir en contra de los procesos de innovación tecnológica, sino que es un llamado a incorporar un tipo de “principio de precaución” vinculante al desarrollo tecnológico. En esa medida, debe haber una regulación europea e internacional vinculante sobre los límites de la implementación de determinado tipo de tecnologías. Es decir, no se debe dejar la evaluación del riesgo de implementación al sentido común de códigos éticos empresariales voluntarios. Las Smart Cities deben ser espacios de promoción de innovación que tengan como principio esencial la obligación en la Defensa de los Derechos Humanos de la ciudadanía global.