Sentencias vs acuerdos comerciales: la posición de la Unión Europea ante la apropiación ilegal de recursos en el Sahara occidental

A finales de febrero (27/02/2018) el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) emitió su sentencia sobre el acuerdo pesquero con Marruecos dictaminando que las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no forman parte de Marruecos y por tanto, del Acuerdo de Pesca[1]. Esta sentencia constituye una gran victoria para la lucha saharaui al implicar, nuevamente, un rechazo a la pretensión de ocupación marroquí sobre dicho territorio. La sentencia representa además un nuevo obstáculo a la continua apropiación de los recursos naturales del Sáhara bajo la cobertura de los acuerdos comerciales con la UE. El Tribunal no invalida el acuerdo de pesca actual, si bien deja claro que no se debe aplicar a esas aguas colindantes. Deja pues a las partes determinar los mecanismos de protección y control contra el negocio del expolio. En este aspecto correspondería a la Comisión Europea velar por los intereses de la población saharaui.

 

En relación a este escenario, tan solo un mes antes, la organización internacional Western Sahara Resource Watch (WSRW) denunciaba la negociación y firma de un nuevo acuerdo comercial (31/01/2018) por parte de la Comisión Europea[2] y dos ministros marroquíes. Exponía que se violaba la sentencia[3] previamente emitida por parte del TJUE (21/12/2016) al cubrir el comercio de productos procedentes del Sáhara Occidental sin el consentimiento de los representantes legítimos de su pueblo. Esta crítica se sumaba a la acusación que la eurodiputada de Izquierda Unida (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea), Paloma López, dirigió a la propia Comisión el año pasado por la misma razón: el incumplimiento de la sentencia del TJUE por no requisar los productos saharauis importados. La UE parece ser, no poseía las herramientas necesarias para garantizar esta sentencia. Además, aún teniendo en cuenta las capacidades limitadas en base al título VI del Protocolo n.º 4 del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos[4], en la práctica se realiza el menor esfuerzo para agilizar procesos o resolver dificultades. Ésto quedó demostrado posteriormente con el caso del buque Key Bay[5].

 

En este aspecto es necesario atender al contexto y circunstancias que permiten describir la situación presente. El Sáhara Occidental comprende un territorio ocupado desde la firma de los Acuerdos de Madrid en 1975 mediante los cuales España “cedió” el control del Sáhara Occidental al Reino de Marruecos y a Mauritania (que se retiraría en el 79) a cambio de poder retener un 35% de la propiedad de la beneficiosa mina de fosfato de Bou Craa, operada por una empresa pública española. Estos Acuerdos son considerados nulos por las Naciones Unidas, que considera a Marruecos como potencia ocupante de la mayor parte del territorio aún por descolonizar. Así, si se toma en cuenta el principio de la libre determinación, la UE puede haber incumplido su deber al prestar ayuda y asistencia en el mantenimiento de una ocupación que ha resultado en la violación de numerosos derechos del pueblo saharaui[6]. La realidad es que los argumentos marroquíes sobre la reivindicación del territorio saharaui han sido rechazados en numerosas ocasiones por tribunales internacionales mientras no se haya ejercido el derecho a la autodeterminación de su pueblo. Más aún si se tiene en consideración que a pesar del pacto para la celebración de un referéndum sobre la situación del territorio saharaui (29/04/1991), más de veinte años después éste todavía no ha tenido lugar, y,  que nuevamente, el mandato de la ONU para la negociación de un referéndum en el Sáhara ha sido extendido en 2017.

 

Así Morten Nielsen, como miembro de WSRW, declaraba la conmoción de la organización ante el comportamiento “deshonesto que había tenido la Comisión, y que indicaba “una flagrante indiferencia hacia la sentencia previa del TJUE y los esfuerzos de paz de la ONU en el Sáhara Occidental”. La denuncia de este nuevo acuerdo parecía centrarse en dos aspectos referentes a la terminología. Concretamente WSRW se planteaba si el lenguaje engañoso del acuerdo es deliberado y se busca poder malinterpretar el análisis del Tribunal.

 

Dicha sentencia (21/12/2016) refería la necesidad de solicitar el consentimiento del pueblo saharaui en todo futuro trato comercial que pudiera afectar a su población o recursos. En este aspecto, en el nuevo acuerdo firmado sólo se prestaba atención a la necesidad o disponibilidad de hacer una consulta. Es por eso mismo que WSRW criticaba la falta de empeño por parte de los organismos de la UE para pedir el consentimiento, o simplemente consultar, a los representantes, legítimos, del pueblo saharaui sobre los planes y supuestos beneficios del acuerdo. La crítica posteriormente se vió reforzada  por un comunicado conjunto (3/02/2018) en el que 89 organizaciones saharauis condenaban la iniciación de un nuevo acuerdo comercial con Marruecos sin haber obtenido o solicitado el permiso del Frente Polisario (como una organización reconocidamente representativa del pueblo saharaui) o haber realizado los esfuerzos necesarios por estudiar las consideraciones y necesidades de la propia sociedad civil afectada. Igualmente se denunciaba el uso de la idea de “beneficios” para enmascarar un negocio que claramente apoya la continuación de la ocupación en el Sáhara, ya que el acuerdo sólo reportará ganancias a una población que no es puramente representativa del pueblo saharaui y que es mayoritariamente resultado de la “política pública de marroquización” que el gobierno de Marruecos ha estado consolidando durante años[7] y que ha contribuido a desplazar a miles de saharauis a vivir en campos de refugiados.

 

Del mismo modo cabe destacar que la crítica hacia la Comisión tan solo forma una pequeña parte de la denuncia internacional hacia el expolio que el territorio saharaui está sufriendo.

 

Así, respecto a la pesca, debe señalarse el impacto que la creciente regulación de la UE ha tenido en este ámbito. La sobreexplotación de las aguas de la Unión ha provocado que la actividad en este sector se dirija hacia aguas saharauis (en base al acuerdo con Marruecos) en beneficio de numerosos barcos y empresas de bandera europea e incrementando el impacto negativo socio-económico y medioambiental al que se ve sometido el pueblo saharaui. Existen estudios e investigaciones sobre este aspecto y en el caso de España se señala a Andalucía, Canarias y Galicia como las Comunidades más beneficiadas;  apareciendo varios nombres de empresas como Conservas Rianxeira y Conservas Escuris, Europacífico, Gildo, Netmas, Meripur o Congelados Troulo. Todas ellas vinculadas al transporte, conserva  o comercialización de productos procedentes del Sáhara[8] de forma directa o indirecta.

 

También podemos destacar compañías de otros sectores vinculados a la construcción, energía, los fosfatos o el transporte como Fertiberia, FMC Foret, Ership, Granintra o Isofotón en España, o Siemens, Orange y Lafarge Holcim dentro de la UE[9],  y señalar la existencia de distintos bufetes de abogados que hacen lobby para el Gobierno marroquí en los organismos europeos y que actúan como herramientas de presión. Todo ello en base a las investigaciones conducidas por organizaciones como WSRW.

 

Por último, mencionar que de nuevo, a pesar del reconocimiento de múltiples Estados y de la ONU del Sáhara Occidental como territorio con derecho a la autodeterminación, no hay ninguna condena hacia el desarrollo de actividades económicas en puntos de ocupación; lo que favorece aún  más que el expolio de recursos y las políticas sobre ocupación por parte de Marruecos o de empresas internacionales puedan quedar impunes.  Parece claro, entonces, que los actos de la Comisión Europea en este contexto tratan de preservar intereses económicos privativos y responden además a las demandas y mecanismos de presión marroquíes, y que incluso, pese a que el fallo final del TJUE[10] (27/02/2018) ha declarado que el acuerdo pesquero con Marruecos no debe cubrir el territorio o aguas adyacentes al Sáhara (al ser un territorio diferente del que ejerce su plena soberanía), desde la Unión no ha habido presiones para establecer herramientas que garanticen la protección de los recursos saharauis, o más determinante aún, presión suficiente para asegurar la celebración libre de un referéndum sobre su derecho de independencia. Así volvemos al punto de partida; ¿de qué sirve una declaración reconociendo el derecho a la autodeterminación de un territorio (considerado ampliamente como ocupado) si en la práctica se seguirán violando los derechos de sus nacionales?

 

Mercedes Jorge

 

[1] http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-266/16#

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021en.pdf

[2] Los comisarios en cuestión son Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio, y Pierre Moscovici, Comisario de Política Aduanera. Queda aún pendiente el respaldo del acuerdo por parte del Colegio de Comisarios, una mera formalidad que se espera que se complete muy pronto.

[3]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5a57b201e09f24856b7bad0b327fbe322.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbx10?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6228781%20%A0

[4] Dicho título alude a posibilidad por parte de las autoridades aduaneras de realizar indagaciones en caso de dudas razonables sobre el origen del bien o el producto en cuestión.

[5] Buque que atracó en Holanda con un cargamento procedente de El Aaiún consistente en aceite de pescado saharaui y que previamente había hecho escala en España y Francia. El origen de cargamento ha sido confirmado por la Autoridad Portuaria de las Palmas.

[6] Declaración de la ONU sobre el principio de libre autodeterminación y que implica: (https://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml)

Más información sobre el caso particular del Sáhara y el posicionamiento de la ONU en:

https://www.un.org/press/en/2017/sc12807.doc.htm

 

[7] Se trata de una de los políticas de ocupación más caras encauzadas a través de proyectos de construcción de infraestructuras básicas y de incentivos salariales o subsidios. El resultado siendo que la población marroquí es mucho mayor que la local o indígena saharaui, llegando incluso a doblarla.

[8] Para más información consultar la página oficial de Western Sahara Resource Watch en el apartado de empresas involucradas.

[9] Ídem.

[10] Al fallo del TJUE también podemos añadir la resolución del South African High Court, quién también se ha posicionado a favor del Sáhara en la situación de ocupación existente.

http://wsrw.org/files/dated/2018-02-23/20180223_south_africa_ruling.pdf

Bibliografía

  • Pregunta de la eurodiputada Paloma López Bermejo a la Comisión. Disponible en

http://iueuropa.org/wp-content/uploads/2017/09/Paloma-L%C3%B3pez-Pregunta-sobre-el-acuerdo-de-asociaci%C3%B3n-UE-Marruecos.pdf

  • Respuesta del Sr. Moscovici en nombre de la Comisión. Disponible en

http://iueuropa.org/wp-content/uploads/2017/09/Paloma-L%C3%B3pez-Respuesta-Moscovici.pdf

  • La suspensión del acuerdo pesquero UE-Marruecos, pone en riesgo la seguridad de Europa. ABC. Disponible en

http://www.abc.es/internacional/abci-suspension-acuerdo-pesquero-ue-marruecos-pone-riesgo-seguridad-europa-201802161556_noticia.html

  • Who else profits. KPF. The scope of European and Multinational Business in the Occupied Territories.
  • Exporting exploitation. Greenpeace. November 2013.
  • Energía para el expolio. Western Sahara Resource Watch. Noviembre 2016.
  • P for Plunder. Western Sahara Resource Watch. June 2014.
  • Carriers of Conflict. Western Sahara Resource Watch. June 2017.
  • Página oficial Western Sahara Resource Watch (WSRW). Disponible en http://www.wsrw.org/
  • Business #ForeignAffairs
  • European Court Rules Against Morocco Again, Barring Western Sahara’s Waters From EU Fisheries Deal. Business Foreign Affairs. Forbes February 2018.

https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/02/27/ecj-morocco-western-sahara-fisheries/#2c46532627f3