Publicada la ‘Guía para la protección y promoción de los derechos humanos en la contratación pública’

Elaborada por Tornos Abogados y promovida por las entidades Novact, Nexes y Servei Civil Internacional, la «Guia 99,3% Responsable» ofrece a las administraciones públicas una herramienta útil y sencilla para garantizar el cumplimiento de su responsabilidad como salvaguarda de los Derechos Humanos dentro de un marco legal sostenible y viable jurídicamente. La versión en catalán fue presentada en Barcelona en noviembre de 2017 y acaba de ser publicada en inglés y castellano.

Con el objetivo de ofrecer a las administraciones catalanas una guía legal de contratación responsable desde nuestro marco legislativo, las organizaciones Novact, Servei Civil Internacional y Nexes, han impulsado la «Guía para la protección y promoción de los derechos humanos en la contratación pública». Se trata de un documento con recomendaciones y propuestas para promover la contratación y compra públicas con criterios éticos por parte de las administraciones. Con la propuesta de cláusulas que promuevan el respeto a los Derechos Humanos, se espera generar mecanismos disuasorios a la contratación de empresas que hayan cometido vulneraciones a lo largo de la producción o de la cadena de suministro de sus artículos o servicios.

 

La ‘Guía 99,3% Responsableprovee de un marco legal, así como de cláusulas para aplicar en todas las fases del proceso de contratación pública y ejemplos concretos de iniciativas que están en marcha. Como complemento a la guía legal, el proyecto ofrece anexos con casos de empresas que han vulnerado derechos humanos, investigados por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo.

 

La ‘Guía para la protección y promoción de los derechos humanos en la contratación pública’ forma parte del proyecto de “Mejora de los procesos de contratación pública a través de criterios éticos y de respecto a los Derechos Humanos”. En el ámbito de Cataluña, el proyecto ha realizado sesiones de asesoramiento y formación al personal técnico de los ayuntamientos del Consejo Comarcal del Vallès Oriental y de los ayuntamientos de Granollers, Parts, Cambrils, Vallromanes, La Garriga, Vic, Gava, Manresa y Terrassa, con el fin de identificar los retos y mecanismos que tendría una contratación pública responsable y su implementación en la tarea cotidiana de las administraciones.

La corresponsabilidad de las administraciones públicas en las vulneraciones de derechos humanos de empresas proveedoras es un tema que está atravesando el debate político a todos los niveles. Del 15 al 19 de octubre 2018 tendrá lugar, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental que tiene por mandato desarrollar un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para las Empresas transnacionales y otras empresas en materia de respeto de los Derechos Humanos, sesión durante la cual tendrá lugar la negociación sobre el borrador del tratado. En el contexto del Estado Español se aprobó, en octubre de 2017, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, una herramienta que las entidades que trabajan en el ámbito de Derechos Humanos y empresas consideran insuficiente para evitar que se produzcan vulneraciones sobre los Derechos Humanos, dado que propone medidas que descansan en la voluntariedad y no son vinculantes.

 

La ‘Guía 99,3% Responsable’ responde a una demanda de la sociedad civil y de los ayuntamientos de disponer de herramientas jurídicas para implementar el respeto de los derechos humanos en el ámbito institucional. Ha sido elaborada por el equipo Tornos de abogados y ha contado con aportaciones de expertas a escala internacional. Se trata de un proyecto de las entidades NOVACT, Nexes y Servei Civil Internacional impulsado por el Fondo Catalán de Cooperación para el Desarrollo, en su comisión de Paz y Diplomacia de ciudades, a través del cual han colaborado ayuntamientos de Cataluña como Sant Boi del Llobregat, Terrassa, Granollers, Montornés del Vallès, Artés, Vallromanes, Esparreguera, Celrà, Sant Just Desvern, Altafulla, Sabadell, Gavà, Vic, Mataró, Santa Perpètua de la Mogoda, el Prat de Llobregat y el Consejo Comarcal del Vallès Oriental. El proyecto ha recibido el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona y del Ayuntamiento de Barcelona.

 

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