Privatización de la seguridad, control social y su impacto de género en Jerusalén Este

 

Desde la anexión de Jerusalén Este en 1967 por parte de Israel, durante la Guerra de los Seis Días, y la proclamación de la ciudad ocupada como «capital indivisible del Estado Judío» (Chiodelli, 2012: 6), declarada contraria a la ley y al Derecho Internacional por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en resoluciones come la 267 del 3 de julio de 1969[1], las políticas urbanas en Jerusalén han sido orientadas a unificar, de facto, la ciudad bajo un solo mando y a su «desarabización» (Yiftachel, 2011), entendida como el desarrollo de políticas etnocráticas de veto a la población árabe a la hora de acceder a la plena ciudadanía. En este contexto, la securitización de la ciudad, no sólo en términos de despliegue de medios de vigilancia masiva, sino de políticas públicas de seguridad o de criminalización de la resistencia y las disidencias urbanas, ha construido relaciones diferenciales entre residentes considerados merecedores de protección y aquellos etiquetados como amenaza potencial a la seguridad.

La expansión de Empresas Militares de Seguridad Privada, entendidas como «corporaciones privadas que proveen de servicios militares y de seguridad» (Armendáriz, 2015), ha ido aumentando progresivamente, desde los años 90 pero especialmente a partir de la segunda mitad de los 2000, desempeñando funciones públicas del Estado. En el caso de Jerusalén Este, con un creciente rol y desarrollo de funciones en el diseño y gestión de sistemas de vigilancia y control social, en la protección de barrios y asentamientos colonos, la guardia de checkpoints y la vigilancia de instituciones públicas, cárceles, monumentos e infraestructuras de transporte.

El resultado de estas políticas de privatización de la seguridad es un grave impacto en los derechos humanos de la población palestina de Jerusalén Este, como resultado de esta expansión y reforzamiento del control social, la securitización y el proceso de privatización de la seguridad, que afecta de forma específica – por la relación ya conflictiva entre seguridad y género- a las mujeres palestinas, agravando dinámicas discriminatorias presentes en las políticas y agencias de seguridad públicas.

En este policy paper se analizan los principales impactos de género y, más concretamente, sobre los derechos y libertades de las mujeres palestinas, que ha provocado la presencia de las EMSP en Jerusalén Este.

[1] UNISPAL, UNSCR/RES/267 del 3 de julio de 1969: https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/5932ECF53FF36A04852560C300656122