Organizaciones de sociedad civil instan al gobierno a que impulse el instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos que se está negociando en Naciones Unidas.

  • El Observatori de Drets Humans i Empreses, junto a una decena de organizaciones sociales y sindicatos pide al Gobierno de Pedro Sánchez que no ignore el mandato del Parlamento que en la primera mitad de 2018 instaba al Gobierno a participar de manera activa en este proceso.
  • Para las organizaciones firmantes es necesario apoyar el tratado vinculante de cara a acabar con la impunidad de los asesinatos de quienes defienden sus comunidades por encima de intereses económicos.
  •  Se trata de un momento decisivo en la negociación de contenidos del tratado, dado que el OEIGWG -Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos– trabaja sobre el borrador cero. En este enlace te damos las claves para entender el proceso. 

El 15 de octubre comenzó en la sede de Naciones Unidas en Ginebra la cuarta sesión de trabajo del tratado de derechos humanos y empresas. Su objetivo es establecer un instrumento jurídicamente vinculante que proteja a las comunidades locales y ponga fin a la impunidad con la que multinacionales cometen violaciones de derechos humanos.

Cada semana tienen lugar más de 5 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo. Tan solo en 2017 más de 300 personas fueron asesinadas por proteger los derechos de sus comunidades por encima de los intereses económicos. Crímenes que en la mayoría de los casos quedan totalmente impunes. Para legislar en este sentido y evitar estos abusos desmedidos, desde Naciones Unidas se está trabajando en la creación de un instrumento jurídicamente vinculante.

Este tratado ha sido defendido por por más de 200 colectivos y organizaciones bajo la Campaña Global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Un mecanismo que podría prevenir y remediar los daños y violaciones producidas por las empresas transnacionales, cuestionando el predominio de inversionistas y negocios asentados sobre los tratados comerciales por encima de los derechos humanos.

A lo largo de estos años la posición de la Unión Europea ha ido virando de un punto a otro a la hora de apoyar un tratado con medidas firmes contra las violaciones de derechos humanos cometidas por multinacionales. Este último año la UE obstaculizó completamente la herramienta legal en la que se viene trabajando.

El Estado español podría haber tomado la iniciativa y haberse decantarse por un tratado a favor de los derechos humanos tal y como ha incorporado a su discurso en la legislatura. Sin embargo, lejos de mantenerse coherente se limita ahora a  no participar y limitarse a escuchar a otros estados. Ante este importante debate, la postura de la misión española es la de no romper la disciplina de la Unión Europea que ha decidido seguir sin participar ni activa ni positivamente.

El Gobierno español ha decidido así desoír el mandato de las dos proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento español durante la primera mitad de 2018, presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Unidos Podemos, y que instan a una participación activa del Gobierno en este proceso.

La posición de la misión española contradice las palabras de miembros de la ejecutiva socialista que en reuniones mantenidas la semana pasada aseguraban a miembros de la campaña que “siempre han apoyado un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos” y que “iban a seguir apoyando y no cambiarían de criterio”. Desde la ejecutiva se comprometían a contactar con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que la posición del partido fuera coherente con lo que defendiera la representación española en la reunión de Ginebra.

Organizaciones firmantes: Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra, ATTAC España, Comisiones Obreras (CC OO), Ecologistas en Acción, Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, Fundación APY, Greenpeace España, InspirAction, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, Novact, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Observatori DESC, Seremos Catalunya, SUDS.