Naciones Unidas debate esta semana el borrador cero del Tratado Vinculante sobre Derechos Humanos y Transnacionales

El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo asistirá a la cuarta sesión del OEIGWG -Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos– que tienen lugar del 15 al 19 de octubre en Ginebra -junto a más de 250 organizaciones de 80 países reunidas en la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las empresas transnacionales y Poner fin a la Impunidad-. La Campaña Global se reúne por cuarto año consecutivo para presionar a los gobiernos de manera que el documento base del proceso de negociación del tratado tenga los estándares más elevados posibles de protección de los Derechos Humanos.  Se trata de un momento decisivo en la negociación de contenidos del tratado.

 

Durante la semana del 15 al 19 de octubre se discutirá en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra el contenido del instrumento vinculante que pretende obligar a las empresas transnacionales a cumplir con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.

 

Se trata de un hito crucial de un largo proceso, que podría establecer obligaciones para los Estados y Derechos para las víctimas. Sin embargo,  y en opinión de expertos y organizaciones, el borrador cero que es base de la negociación presenta un tratado ‘sin dientes’ que, no garantiza el fin de la impunidad corporativa. Además, existe un riesgo de bloqueo y sabotaje del proceso por parte de la delegación de la Unión Europea —junto a otras como EEUU, México y Brasil-, teniendo en cuenta que actualmente son mayoría.

 

Hemos redactado una guía para entender qué se está decidiendo estos días en Naciones Unidas Ginebra y por qué nos afecta:

 

¿Por qué necesitamos herramientas legales que obliguen a las corporaciones a cumplir los DDHH?

La actividad de las trasnacionales provoca casos de explotación infantil, esclavitud, crímenes al entorno natural y contra la salud de las personas, así como expolio de recursos de los que viven comunidades enteras, creación de deudas de país, sin contar con los numerosos casos documentados de tortura, abusos sexuales y asesinatos de defensores de DDHH en las comunidades. Un dato que debería ser por sí solo alarmante, es que la Organización Mundial del Trabajo cuantifica en 25 millones las personas en situación de trabajo forzoso.

 

La violación de los derechos humanos por parte de las corporaciones es la norma y no la excepción. Esto se debe a que existe todo un entramado jurídico internacional de obligado cumplimiento diseñado para defender los intereses de las transnacionales, mientras que sus obligaciones se reenvían a las legislaciones na­cio­nales – sometidas a políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción de las políticas pública – y además, existe una ausencia de me­ca­nismos e instancias ade­cuadas pa­ra exigir la responsabilidad de las empresas transnacionales en el ámbito internacional, ya que los sistemas internacionales y regionales no están diseñados para recibir denuncias contra las empresas.

 

Además de la arquitectura jurídica de la impunidad, las corporaciones crean complejas cadenas de suministros y grupos empresariales que complican la atribución de responsabilidades.

 

Un instrumento legalmente vinculante es esencial para poner fin a esta asimetría jurídica y acabar con la impunidad de las empresas transnacionales y regular su actividad, que causa terribles impactos económicos, sociales, ambientales y culturales en las comunidades afectadas y las personas trabajadoras.

 

El Tratado Vinculante: cómo hemos llegado hasta aquí

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la resolución 26/9 para establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta que elaborara un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos (IGWG). Fue un evento histórico después de décadas de discusiones y de intentos fallidos dentro de las Naciones Unidas con la oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies empresariales a establecer herramientas de carácter obligatorio.

 

Presidido por Ecuador, el grupo de trabajo intergubernamental se ha reunido tres veces (julio de 2015, octubre de 2016 y octubre de 2017). La presidencia emitió los elementos para un borrador de instrumento legalmente vinculante en septiembre de 2017 , y en julio de 2018 se presentó un borrador cero que será discutido en ocasión de la la 4ta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (OEIGWG) en Ginebra del 15-20 de octubre. Aquí se puede encontrar un resúmen.

Recomendamos este artículo de Gorka Martika de OMAL para entender todo el proceso.

El papel de la  sociedad civil: la Campaña Global para parar con la impunidad de las transnacionales y desmantelar el poder corporativo

 

Más de 250 organizaciones de la sociedad civil de 80 países – unidas en la  La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las empresas transnacionales y Poner fin a la Impunidad (Campaña Global)– hemos estado presentes durante las sesiones del OEIGWG, combinando actividades de movilización con labores de incidencia política para presionar a los gobiernos de manera que el documento sobre el que se fundamente el proceso de negociación del tratado parta de los estándares más elevados posibles.
Durante la tercera sesión del OEIGWG realizada en 2017, la Campaña Global presentó una propuesta del tratado. La posición de la campaña global es que el tratado debe:

  1. enfocarse en las empresas transnacionales exclusivamente (ETNs)
  2. garantizar las obligaciones de las ETN respecto a los Derechos Humanos
  3. garantizar las obligaciones de los Estados a proteger a las comunidades e individuos contra las violaciones de Derechos Humanos cometidas por ETN y debe codificar su obligación extraterritorial en este sentido
  4. garantizar la superioridad de los Derechos Humanos por encima de las normas sobre el comercio y la inversión
  5. establecer la responsabilidad civil y penal de las ETNs y sus ejecutivos, así como la responsabilidad compartida de las ETNs por las actividades de sus subsidiarias, proveedores, licenciatarios y subcontratistas.
  6. debe incluir disposiciones sobre las obligaciones de las instituciones financieras y económicas internacionales y regionales.
  7. debe establecer mecanismos de cumplimiento a nivel internacional para hacer cumplir el tratado y monitorear su implementación
  8. debe estar protegido de evitar que sea cooptado por las transnacionales
  9. debe estar orientado a las víctimas, y debe considerar la participación de la sociedad civil como un principio sólido.

 

Críticas de la Campaña al BORRADOR CERO del OEIGWG:

El borrador cero que se presentó el 20 de julio de 2018 por la Presidencia del OEIGWG -que se discutirá durante el 4º período de sesiones del OEIGWG del 15 al 20 de octubre de 2018- es un hito crucial de este proceso, sin embargo, no es lo que la Campaña Global esperaba en términos de contenido. Algunos aspectos positivos que incluye el borrador es que incluye las obligaciones de los Estados, así como los Derechos de las víctimas.

 

Sin embargo, el borrador cero presenta un tratado ‘sin dientes’ que no puede garantizar el fin de la impunidad corporativa. Las principales críticas al borrador cero son:

 

  • No refleja las discusiones, negociaciones, propuestas y todo el trabajo realizado durante los últimos tres años por la campaña
  • Las obligaciones son sólo para los estados: refleja una visión clásica de que el Estado es el único sujeto con derechos.
  • Las empresas transnacionales no se reconocen como sujetos con derechos y, por lo tanto, el borrador cero no incluye obligaciones vinculantes para las empresas.
  • Esto demuestra la falta de voluntad para avanzar hacia un derecho internacional efectivo e innovador y la voluntad de permanecer en las viejas tradiciones.
  • Existe una falta de mecanismos internacionales para implementar el tratado que sea efectivo y contribuya a poner fin a la impunidad y asegurar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas.
  • Los mecanismos propuestos son a nivel nacional (los estados tienen la responsabilidad)
  • Falta de lenguaje de género inclusivo
  • Falta de definición de la cadena de suministro y responsabilidad social del país de origen de la empresa en todas sus operaciones.
  • No refleja el documento con los elementos que la presidencia presentó hace un año (algunos elementos clave no están en este texto)

 

¿Cuál es el papel de España y la UE?

La UE es un clave en el proceso debido a la gran cantidad de ETNs que tienen su sede en Europa, muchas de ellas involucradas en violaciones de DDHH en todo el mundo.  Debido a ello, la delegación de la UE ha obstaculizado el proceso durante años para intentar hacerlo fracasar y ha conseguido eliminar contenidos clave del borrador cero del tratado (publicado el 20 de julio de 2018).

 

Su estrategia ha consistido en poner trabas burocráticas -en diciembre 2017, la UE llegó incluso a pedir a la Asamblea General de Naciones Unidas que no aprobase el presupuesto para continuar las negociaciones-  y vaciar de contenido los ejes nucleares del futuro texto del tratado. La UE defiende la ampliación de los agentes sujetos a regulación – que no se aplique únicamente a las empresas transnacionales sino a “todo tipo de empresas”- como estrategia para diluir. Y también la defensa de un tratado que incluya el máximo posible de referencias a normas voluntarias y no obligatorias – en la línea del Global Compact y los Principios Rectores de Ruggie, que han demostrado no ser suficientes -.

 

Frente a esta postura de la delegación europea en Ginebra, es importante señalar que el Parlamento Europeo votó, a comienzos de este mes, una resolución de apoyo al Tratado vinculante e instó a la UE a apoyar un tratado con obligaciones para las ETN y los derechos humanos. La mayoría del europarlamentarios apoyó la resolución — 301 votos a favor, 288 en contra y 17 abstenciones- , sin embargo, todo indica que la delegación de la UE en Naciones Unidas -Ginebra  la ignorará.

 

Es importante explicar que la UE como tal no tiene competencia ni mandato para negociar un instrumento vinculante, sino que son los Estados miembros quienes tienen el mandato legal y la obligación de proteger y promover los derechos humanos y de participar constructivamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la delegación de la UE intervendrá en la sesión inicial y en la finalización de la sesión y participará en el ‘aspecto procesal del instrumento’ y no en el contenido. Esto significa que los delegados de la UE podrían ‘aportar comentarios’ de años anteriores que cuestionen todo el marco del proceso del Tratado.

Desde diferentes campañas se ha hecho un llamado urgente al gobierno español para que asuma su responsabilidad y apoye de manera activa el proceso hacia un instrumento vinculante durante la 4ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental en Ginebra.

 

Qué papel tenemos el ODHE

Como integrantes de la Campaña Global, el Observatorio de Derechos Humanos en el Mediterráneo participaremos por tercer año consecutivo en la sesión del Grupo OEIGWG y las actividades de la Semana de los pueblos.

 

El año pasado participamos en la 3ª sesión del Grupo OEIGWG, aportando el caso de Geshuri como ejemplo de desprotección frente a empresas que se lucran bajo ocupación -en este caso, de Israel sobre Palestina-. La intervención ante la Asamblea permitió poner de manifiesto la impunidad que genera la falta de mecanismos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.  Por otro lado, el ODHE participó en la organización de varios talleres dentro de la campaña sobre la industria militar y de seguridad, y las industrias extractivas, en concreto a partir de los casos investigados en Palestina.

 

Este año continuamos denunciando la vulneración de DDHH de empresas bajo ocupación, en concreto queremos poner relieve sobre el expolio de recursos naturales del Sahara Occidental ocupado.

Aprovechamos para insistir en que el nuevo acuerdo pesquero firmado entre Marruecos y el Sahara  no cuenta con el visto bueno de las comunidades locales, ni siquiera del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que a finales de febrero (27/02/2018) emitió su sentencia sobre el acuerdo pesquero con Marruecos dictaminando que las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no forman parte de Marruecos y por tanto, del Acuerdo de Pesca.

Las empresas que actúan en el Sáhara ocupado son cómplices de la ocupación ilegal por parte de Marruecos, pero la Unión Europea está reforzando la impunidad de estas acciones. Nuestro objetivos es mostrar la necesidad de construir mecanismos que permitan el acceso a la justicia incluso ante vulneraciones tan flagrantes y políticamente sancionadas como el expolio de los recursos naturales marinos del Sáhara Occidental.

 

Qué podemos esperar y cómo actuar

 

En estos momentos (y hasta el 2020) la mayoría de los Estados que ocupan un asiento permanente en el Consejo son hostiles al instrumento vinculante. Es por tanto muy importante que la sociedad civil y el pueblo de Europa pidamos a nuestros representantes que dejen de actuar como portavoces de las transnacionales y comiencen a hablar en nombre de los principios que dicen defender.

 

  • Sigue el proceso. Te lo vamos contando desde @observatoriDHE,  @StopTNCSimpunity @StopCorpPower y bajo el hashtag #BindingTreaty
  • Pídele a tus representantes (La delegación de la UE en Ginebra:  @EU_UNGeneva y a delegación española:  @MisionGinebra ) que se comprometan a cumplir con el mandato del Grupo de Trabajo y negociar de buena fe y de forma constructiva un instrumento vinculante que establezca obligaciones directas a las empresas transnacionales en los términos que hemos venido expresando las organizaciones de la campaña global:
    • Estas medidas deberían detener las violaciones de derechos humanos a lo largo de las cadenas mundiales de suministro
    • Que reivindiquen la preeminencia de los derechos humanos por encima de los acuerdos comerciales y de inversiones
    • Que garanticen la protección de los/as defensores/as de los territorios y los derechos colectivos
    • Que incluyan mecanismos judiciales de implementación que permitan  responder de forma contundente a los reclamos desde una perspectiva de género.
  • FOEI ha creado esta caja de herramientas para activistas: https://www.foei.org/es/tratado-onu-transnacionales-derechos-humanos

 

Las organizaciones de la sociedad civil seguiremos luchando por un marco global que ponga fin a la impunidad empresarial, esperamos que también lo hagan todos los Estados.