La publicación de la base de datos de empresas en Territorios Ocupados Palestinos es un paso significativo contra la impunidad corporativa

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Feb, 2020

  • El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo celebra la publicación de la base de datos de Naciones Unidas de empresas involucradas en actividades económicas en los Territorios Ocupados Palestinos (TOP), incluyendo Jerusalén Este, un acto de transparencia que facilitará el cumplimiento por parte de los Estados del derecho internacional a través de mecanismos como la compra pública responsable.
  • De las 112 entidades comerciales identificadas, 94 están domiciliadas en Israel y 18 en otros seis Estados. Las empresas provienen de diversos sectores como: bancario y financiero; de la construcción e infraestructuras; seguridad; gestión del agua y saneamiento; turismo y transporte; entre otros.
  • Entre las empresas figuran marcas conocidas como eDreams, AirBnb, Booking, Motorola, o Saphir (socia de CAF en la construcción del tranvía de Jerusalén que pasa por territorios ocupados), pero faltan muchas grandes firmas. Se trata de un listado incompleto, que debe actualizarse anualmente por mandato.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) ha publicado este miércoles la base de datos de empresas comerciales involucradas en actividades económicas relacionadas con los asentamientos en territorios palestinos ocupados. Esta publicación responde a una petición de la resolución 31/36, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de marzo de 2016 que solicitaba a la Oficina del Alto Comisionado la producción de “una base de datos de todas las empresas comerciales” que “directa o indirectamente permitieron, facilitaron y se beneficiaron de la construcción y crecimiento de los asentamientos”.   

Grandes empresas involucradas en los asentamientos ilegales no figuran en la base de datos y deben agregarse.

El informe publicado (A/HRC/43/71) identifica 112 empresas sobre las que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU “tiene motivos razonables para concluir que han estado involucradas en una o más de las actividades específicas mencionadas en la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos”.  El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo ODHE señala que la lista de empresas está incompleta y se basa en información recolectada de empresas que operaban entre 1 de enero de 2018 y agosto de 2019. Existen evidencias de grandes firmas con actividades e inversiones de gran impacto en los TOP que no figuran en la base de datos. La empresa de seguridad tecnológica Magal o Anyvision, con una creciente actividad en el territorio español, son dos claros ejemplos de corporaciones que no están listadas, a pesar de que proveen soluciones tecnológicas de seguridad en el Muro, checkpoints y asentamientos ilegales israelíes en los TOP. Estas empresas están aumentando su presencia y actividad en territorio español a través de contratos públicos y alianzas estratégicas con empresas españolas.

Otras empresas españolas investigadas por el ODHE como SEMI (ACS) o CAF han colaborado respectivamente en la electrificación de la red ferroviaria israelí y de la futura línea A1 (Tel Aviv -Jerusalem) y la construcción del tren ligero en los TOP de Jerusalem Este, que claramente contribuyen al desarrollo de la ocupación por parte de Israel.

El Observatorio ODHE confía en que el documento se actualice anualmente, tal y como marca la resolución 31/36.

Una herramienta para que los Estados hagan cumplir el derecho internacional a través de mecanismos como la compra pública responsable

 

“La publicación de la base de datos de empresas es un ejercicio de transparencia, de responsabilidad y compromiso con el respeto del Derecho Internacional. Los Estados pueden y deben utilizar este mecanismo para detener y prevenir actividades ilícitas de las empresas en los TOP a través de diversos canales” asegura Felipe Daza, coordinador de investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo. Daza añade que “al ser una resolución de carácter normativo, puede ser incorporada en los pliegos de condiciones de las licitaciones para evitar la contratación de empresas con actividades ilícitas en los TOP o la adquisición de productos originarios o manufacturados en los asentamientos ilegales.”

La contratación pública responsable es una línea que el ODHE lleva trabajando desde sus orígenes, con la participación en la elaboración de un Guía de Compra Pública Responsable, formaciones a Ayuntamientos y divulgación de sus investigaciones. La compra pública responsable es una herramienta para evitar la adquisición de productos y servicios de empresas multinacionales que vulneran los Derechos Humanos más alla de nuestras fronteras. De esta manera se puede incidir en el sector empresarial para que respeto el derecho internacional y prevenir sus posibles impactos negativos en los derechos humanos de poblaciones que viven en situaciones de ocupación o conflicto armado, a través del desarrollo e implementación de mecanismos de debida diligencia adecuados en esta materia.

Actualmente, existen en los territorios ocupados de Palestina 250 asentamientos ilegales en los cuales viven aproximandamente 611.000 colonos, según Naciones Unidas. Estos asentamientos suponen la efectiva anexión de territorio palestino y la transferencia de población de Israel, potencia ocupante, a los territorios ocupados. Múltiples resoluciones de Naciones Unidas consideran estos asentamientos ilegales y contrarios al derecho internacional. Un ejemplo es la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2334 del 23 de Diciembre de 2016, que exige a terceros Estados que diferencien entre las relaciones comerciales con el Estado de Israel y aquellas establecidas con los asentamientos ilegales de los territorios ocupados desde 1967.    

El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo es una iniciativa ciudadana impulsada por las entidades NOVACT y SUDS que pretende identificar las empresas, conocer prácticas y evaluar su respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y la legislación vigente en materia de Derechos Humanos.