La privatización de la seguridad en Jerusalén Este acentúa la violencia contra las mujeres palestinas

El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y Shock Monitor publican ‘Privatización de la seguridad, control social y su impacto de género en Jerusalén Este’, un paper de Nora Miralles que analiza la presencia de las empresas militares de seguridad privada (EMSP) en Jerusalén Este y sus impactos de género. La publicación coincide con la conmemoración del 72 aniversario de la Nakba, que supone la expulsión de más de 700.000 palestinas y palestinos de sus hogares y el inicio del apartheid israelí, que continúa perpetuándose gracias a políticas y tecnologías de control social como las que describe el informe.

  • Desde la anexión ilegal de Jerusalén Este por parte de Israel, se ha producido un proceso de securitización de la ciudad, que se materializa en el despliegue de políticas públicas de seguridad y de vigilancia masiva de la población palestina.
  • Empresas privadas como G4S, Anyvision, Mer Group o Modi’in Ezrachi gestionan la seguridad y vigilancia en calles, checkpoints, asentamientos ilegales y prisiones.
  • Las consecuencias de esta securitización con la criminalización de la resistencia y las disidencias urbanas, así como la limitación del acceso al espacio público, la socialización colectiva y los derechos a la privacidad.
  • El riesgo de las mujeres palestinas a sufrir acoso o abusos físicos y sexuales se acentúan, así como la ruptura de vínculos comunitarios, unos vínculos que son decisivos para las palestinas en situación de violencia de género o en casos de extrema vulnerabilidad económica.

14 de mayo 2020.- Desde la anexión ilegal de Jerusalén Este en 1967 por parte de Israel, durante la Guerra de los Seis Días, y la proclamación de la ciudad ocupada como capital indivisible del Estado Judío, las políticas urbanas en Jerusalén han sido orientadas a unificar la ciudad bajo un el mando israelí y al desarrollo de políticas de veto a la población árabe a la hora de acceder a la plena ciudadanía. En este contexto, se ha producido una progresiva securitización de la ciudad, con un despliegue de medios de vigilancia masiva, así como de políticas públicas de seguridad o de criminalización de la resistencia y las disidencias urbanas, que ha construido relaciones diferenciales entre residentes considerados merecedores de protección y aquellos etiquetados como amenaza potencial a la seguridad.

La expansión de Empresas Militares de Seguridad Privada, ha ido aumentando progresivamente, desde los años 90, pero especialmente a partir de la segunda mitad de los 2000, sustituyendo funciones públicas del Estado. En el caso de Jerusalén Este estas empresas tienen un creciente rol en el diseño y gestión de sistemas de vigilancia y control social, en la protección de barrios y asentamientos colonos, la guardia de checkpoints y la vigilancia de instituciones públicas, cárceles, monumentos e infraestructuras de transporte.

Según la autora del paper, Nora Miralles “bajo una pátina de modernidad y de smart city, el gobierno municipal de Jerusalén ha ido desplegando sistemas de vigilancia tecnológica, biométrica y de predicción del comportamiento como estrategia para incrementar el control sobre la comunidad palestina”, una tecnología del apartheid que afecta especialmente a las mujeres y que las empresas de seguridad privada promocionan y exportan bajo el marketing de field tested (testeado sobre terreno).

Uno de los programas de vigilancia panóptica más conocido es el «Mabat 2000», diseñado por las empresas privadas AGM Company y Mer Group, que ha supuesto el despliegue de más de 350 cámaras y sensores en la Ciudad Vieja de Jerusalén, registrando imágenes 24 horas, 7 días a la semana.  Otras empresas de seguridad privada que participan en el negocio de la vigilancia son Anyvision o Athena GS3 (C. Mer Industries). Los directivos de esta última están vinculados, además, a la Unit 8200, que actúa como agencia de inteligencia militar israelí, interviniendo las comunicaciones telefónicas y online de palestinas en los Territorios Ocupados. Modi’in Ezrachi opera en algunos de los checkpoints adyacentes a Jerusalén y G4S provee de sistemas de seguridad para el Servicio Penitenciario de Israel.

La privatización de la seguridad condiciona decisivamente las experiencias de vulnerabilidad de las mujeres palestinas de Jerusalén Este y genera impactos diferenciados en su ejercicio de los Derechos Humanos. Uno de los principales efectos de la vigilancia masiva y del monitoreo permanente de las actividades de las palestinas en la ciudad son las limitaciones que esta supone en el acceso al espacio público y de socialización colectiva, con afectación a los derechos civiles y políticos y al derecho a la privacidad que, además, agravan la discriminación previa en la esfera pública y política que ya sufren las mujeres en las sociedades patriarcales y pueden contribuir de forma sustancial al aislamiento y a la ruptura de vínculos comunitarios. Vínculos que son decisivos, por ejemplo, para las mujeres en situación de violencia de género en el ámbito del hogar o la familia, o en casos de extrema vulnerabilidad económica, en un territorio donde el índice de paro entre las mujeres palestinas es del 85%.