La dimensión legal de la ocupación del Sahara Occidental y sus recursos naturales

Con motivo del 12 de octubre, el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (odhe.cat)- lanzamos un policy paper sobre ‘La Dimensión Legal sobre la ocupación del Sahara Occidental y sus recursos naturales’. Este documento profundiza los aspectos legales del informe publicado anteriormente ‘Los tentáculos de la Ocupación’ una radiografía del expolio de recursos pesqueros del Sahara Occidental por parte de Marruecos y la UE, donde describe cómo se elimina la trazabilidad de los productos pesqueros saharauis que se consumen en España y la UE.

El propósito del policy paper sobre la dimensión legal de la ocupación del Sahra Occidental es: 1) delimitar el marco normativo aplicable al Sáhara Occidental como un Territorio no Autónomo pendiente de descolonización; 2) definir claramente la responsabilidad de la potencia ocupante; 3) profundizar sobre los límites de la explotación de los recursos naturales de un territorio bajo ocupación; 4) analizar la evolución política de la UE con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, para comprender los principios e intereses que han permitido subscribir un nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos en materia de pesca.

Desde que España abandonó el Sáhara Occidental en 1975, ha intentado sin éxito eximirse de su responsabilidad internacional como potencia ocupante, de iure, del Sáhara Occidental. Mientras que paralelamente ha contribuido a la aprobación del último Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos para defender los intereses de la flota pesquera española en esa región, a pesar de que esos acuerdos legitimen la explotación ilegal de los recursos naturales.

El Frente Polisario, como legítimo y único representante del Sáhara Occidental no ha dado el consentimiento para la explotación de esos recursos naturales en el marco del nuevo Acuerdo de Asociación entre EU-Marruecos. Un proceso de consulta a la población saharaui sin la participación del Frente Polisario no es consistente con la legalidad internacional y por tanto, el acuerdo comienza con graves inconsistencias legales que, más pronto que tarde, tendrá consecuencias legales para los actores políticos y económicos cómplices con el saqueo de los recursos naturales de un Estado no Autónomo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de Suráfrica que falló a favor del derecho de las autoridades saharauis sobre los fosfatos del carguero Cherry Blossom extraídos por la empresa OCP y su subsidiaria Phosboucraa en las minas del norte del Sáhara Occidental, es un ejemplo de las consecuencias legales que supone la extracción ilegal de los recursos naturales por la potencia ocupante ilegal, Marruecos, en complicidad con empresas transnacionales.

Ni Naciones Unidas ni la UE reconocen la jurisdicción de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La UE no puede ir en contra de la legalidad internacional y por ello intenta crear figuras no reconocidas por el Derecho Internacional para justificar acuerdos comerciales que implican indirectamente el expolio de recursos naturales del Sáhara Occidental. La UE se encuentra en una fase política donde prima los intereses económicos por encima de los principios fundacionales de la UE: los derechos humanos.

Todo ello deja, por una parte, en una situación de inseguridad a las empresas transnacionales que operan en el Sáhara Occidental bajo acuerdos bilaterales entre la UE y Marruecos, a pesar de su inconsistencia con la legalidad internacional. Esta situación no exime a estas empresas de su responsabilidad legal. Las empresas transnacionales deberían tener la debida diligencia para evitar que sus operaciones vulneren, de forma directa o indirecta, los derechos humanos de las poblaciones donde operan. Por otra parte, también deja en una situación de inseguridad a los consumidores finales, que podrían, sin saberlo, estar consumiendo productos expoliados del Sáhara Occidental.

Pero, en cualquier caso, el impacto más grave del mantenimiento de las actividades extractivas en el Sáhara Occidental es que, cómo determina el Derecho internacional y comunitario, suponen un obstáculo para la solución política del conflicto y perpetúa la situación de ocupación del territorio y población saharaui.

Lee el informe completo AQUÍ

Esta ingestigación es publicada dentro de la campaña que realizamos junto al Observatori DESC #EsResponsabilidadPública, para reclamar la responsabilidad de las administraciones en las vulneraciones de DDHH.