Hacia una Barcelona libre de empresas cómplices de vulneraciones de DDHH

Abr 2017

Hacia una Barcelona libre de empresas cómplices de vulneraciones de DDHH

Abr 2017

El Observatorio del Derecho Humanos y Empresas en el Norte de África y Oriente Próximo celebra la decisión de la ciudad de Barcelona, ​​y especialmente de los grupos municipales BeC, PSC, ERC y la CUP, de haber dado un paso más en la larga lucha por el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario a través de mecanismos efectivos de cumplimiento.

El miércoles 19 de noviembre de 2017 fue aprobada en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención, una moción en defensa del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. En especial, la resolución condena “la ocupación israelí y las políticas de colonización de los territorios palestinos y el expolio, explotación, destrucción y agotamiento de las riquezas y recursos naturales palestinos, incluidas las tierras y el agua” y, además de apoyar la resistencia noviolenta contra las políticas de empleo y apartheid, se compromete a “evitar que el Ayuntamiento de Barcelona tenga cualquier tipo de complicidad con esta ocupación, violación de derechos humanos y expolio de recursos“.

Esta moción es un paso importante en la intención del Ayuntamiento de desarrollar medidas que puedan aplicar “el principio de extraterritorialidad a través de mecanismos de contratación y compra pública que introduzcan criterios de responsabilidad internacional y respeto con los Derechos Humanos“. La resolución se añade al decreto firmado el año pasado por el consistorio que introducía cláusulas para evitar que las empresas con actuaciones en paraísos fiscales puedan acceder a contratos municipales.

Los mecanismos efectivos que esperamos se deriven de la moción recientemente aprobada deberán permitir la fiscalización de las empresas que quieran ser contratadas desde el Ayuntamiento de Barcelona en relación a su responsabilidad en el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los DDHH, sea donde sea que se realicen sus actuaciones empresariales. Las violaciones y el no respeto a los Derechos Humanos no pueden quedar impunes y deben generar unas consecuencias no sólo en el lugar donde no se cumplan, sino también allí donde los individuos o instituciones públicas o privadas pretendan realizar cualquiera de sus actividades. Finalmente son las instituciones públicas las encargadas de establecer mecanismos efectivos para garantizar el respeto de los derechos humanos y las responsables últimas de su cumplimiento.

La Resolución aprobada en Barcelona emplaza la Generalitat a impulsar con las federaciones de municipios de Cataluña una mesa intergubernamental para dar cumplimiento a la resolución 359 / XI del Parlamento de Cataluña sobre un marco legislativo por el respeto de los derechos humanos para las empresas catalanas que operan en el exterior. Es también una muestra de voluntad para trabajar con las instituciones competentes, las organizaciones de la sociedad internacional y los Observatorios independientes en materia de protección y defensa de los DDHH. El mejor instrumento para hacerlo será ayudar a hacer realidad un “Centro de estudio y de evaluación de los impactos de las empresas catalanas con inversiones en el exterior” que pueda evaluar y certificar el respeto de las empresas transnacionales con el derecho internacional.

El ODHE ha analizado varias empresas que actúan en Cataluña y que contribuyen y se benefician de la ocupación israelí en Palestina. Destaca SEMI, filial del Grupo ACS, uno de los grupos empresariales que más contrataciones públicas obtiene con el Ayuntamiento de Barcelona, ​​en concreto a través de la filial de servicios Clece. SEMI participa en la electrificación de la red ferroviaria israelí y de las vías del tren rápido que pasan por territorio palestino ocupado de Cisjordania, beneficiándose así del expolio de estas tierras y en incumplimiento del derecho internacional humanitario.

Esta y otras resoluciones aprobadas en otros municipios catalanes son tan sólo un primer paso para reconocer una realidad en que las empresas actúan cada vez de manera más deslocalizada y global. Aunque la actual impunidad que el marco internacional otorga a las empresas transnacionales, hay que celebrar que las instituciones públicas se comprometan firmemente con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y hay que emplazarlas ha establecer mecanismos para responsabilizar globalmente las actuaciones empresariales. Desarrollar políticas de contratación pública que incorporen criterios de cumplimiento universal de estos dos corpus del derecho internacional es uno de los instrumentos que más coherencia e impacto puede tener en la consecución de ciudades globalmente justas y responsables.

Barcelona, ​​25 de abril de 2017