Difuminar el monopolio de la violencia: Empresas militares de Seguridad Privada y el poder coercitivo del Estado

Difuminar el monopolio de la violencia: Empresas militares de Seguridad Privada y el poder coercitivo del Estado

Carlos Díaz, Ekaterina Zepnova, Felip Daza, Giulia Campisi y Nora Miralles. Equipo de investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (ODHE) y Shock Monitor[1]

 

La creciente alarma sobre la situación de seguridad en Cabo Delgado (Mozambique), donde más de medio millón de personas han sido desplazadas por la violencia de los enfrentamientos entre los grupos armados islamistas y las Fuerzas del Estado, ha sido recientemente publicada en los medios de comunicación. El conflicto, que ha dejado  también más de 2,500 personas muertas y ha empeorado el riesgo de hambruna, ilustra la naturaleza de la alianza entre estados, empresas militares y de seguridad privada (EMSP) y empresas involucrada en la industria extractiva, desde que Wagner Group y la surafricana Dyke Advisory Group fueron desplegadas en Cabo Delgado para ayudar a combatir a grupos islamistas armados que ponen en jaque los yacimientos de gas de la multinacional francesa Total.

En efecto, la progresiva privatización de las funciones propias del Estado con respecto a la seguridad es parte de un fenómeno global de desregulación, que ha reducido el sistema público hasta dejarlo en los huesos. A medida que los estados externalizan cada vez más funciones, dejándolas a merced de la maximización del beneficio económico en lugar de priorizar el interés público, esto les hace incapaces de ofrecer protección económica y bienestar social, asolados por el mismo neoliberalismo que propugnan. Como apunta el filósofo francés Michael Foessel, “a golpe de legislación penal y de muros que esconden la debilidad de las naciones[2]”.

Esto permite a los débiles estados refugiarse en la retórica y la práctica securitaria como política absoluta y central, apelando al pacto social que sustenta el propio Estado. Por tanto, es irónico que incluso este sector este siendo externalizado a corporaciones privadas. La seguridad se ha convertido en una legitimidad para el Estado y otra fuente de maximización del beneficio. Entender este complejo y aparentemente contradictorio nexo es crítico para comprender el poder coercitivo hoy.

Las EMSP son esencialmente un nuevo tipo de mercenario. Estas difieren del tradicional mercenarios, definida por el Derecho Internacional, por tres razones. Primero, difieren de la figura tradicional del mercenario, definida por el Derecho International, por: i) su naturaleza ya que hablamos de empresas privadas registradas en un Estado que ofrece sus servicios a través de páginas web corporativas y redes de oficinas e instalaciones a nivel internacional; ii) su personal puede ser extranjero, pero también nacional del país de operaciones de las EMSP; iii) su amplio y complejo abanico de servicios que abarca desde: tareas propias del ámbito de seguridad como protección de espacios físicos y patrulla en espacios público-privados; hasta funciones militares incluyendo participación en combate, apoyo operacional, inteligencia, logística, etc); pasando por tareas humanitarias, desminado y gestión rescates.

A pesar de la insistencia de los gobiernos para denominarlas como empresas de seguridad privada, las EMSP también incluyen empresas que se diferencian de estas por sus funciones militares, su alcance internacional y su gran capacidad operacional, incluyendo equipamientos militares como armas pesada, helicópteros de combate y tanquetas blindadas propios de cualquier ejército moderno.

 

SERVICIOS CLAVE OFRECIDOS POR EMSP Y PRINCIPALES EMPRESAS

 

  1. Seguridad y protección: G4S, Garda World
  2. Inteligencia: Control Risks. Amarante International, Tigerswan, RSB group
  3. Consultoría y formación policial: Garda World, Academi, Dyncorp
  4. Apoyo operativo militar: Constellis, KBR, CACI
  5. Construcción y mantenimiento de infraestructuras militares: Reed Inc., KBR/Halliburton
  6. Apoyo logístico militar: Agility, CACI
  7. Seguridad Marítima: Seagull Maritime Security, Hart International, Mast
  8. Asistencia militar: KBR, CACI
  9. Limpieza de minas y desminado: Constellis group, Dyncorp
  10. Tareas quasi-policiales: G4S,
  11. Ayuda humanitaria: Saracen, Dyncorp, G4S
  12. Provisión y mantenimiento de sistemas de vigilancia y control remoto: CACI
  13. Combate y operaciones militares: Wagner group, Academi, Reed Inc., Hart Group
  14. Prisiones y centros de detención: CoreCivic, GEO group, MVM Inc., G4S

 

Esta capacidad, junto con su gran versatilidad para desplegarse en cualquier parte del mundo, ha convertido a las EMSP en actores imprescindibles para muchos gobiernos, tanto para misiones internacionales en zonas en conflicto armado apoyando a ejércitos regulares o grupos insurgentes (control y protección de zonas extractivas, anti-terrorismo, etc), como servicios en espacios de seguridad doméstica en complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (control de fronteras, protección de infraestructuras críticas, gestión securitaria de centros penitenciarios, etc).

Aunque los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, han dominado históricamente el mundo de las EMSP, en los últimos años empresas con sede en países como China, Rusia y, en menor medida, Turquía, han pasado a primer plano. Sus actividades parecen acompañar las ambiciones geoestratégicas de estos países y su afán por expandir su influencia económica y política.

La externalización de la política exterior a través de las EMSP

Tradicionalmente, el esfuerzo de los Estados para satisfacer sus intereses geopolíticos estaba basado mayormente en el poder militar, es decir, en la capacidad y tamaño de sus fuerzas armadas y en su potencia tecnológica y armamentística. Hoy, las EMSP se han convertido en un actor clave de la política exterior, siendo un elemento funcional, flexible y polifacético, muy presente en las nuevas tipologías de conflictos armados -asimétricos e híbridos- que rompe con una de las supuestas premisas que caracterizan al Estado moderno, la del “monopolio exclusivo de la violencia”. Los análisis comparativos de la participación de personal de EMSP y soldados de Estados Unidos de América en los conflictos más privatizados de la historia, Afganistán e Irak, muestran como en 2013 por cada soldado de EUA había 3 contratistas de seguridad privada.

Además, los nuevos contextos operacionales en los que ofrecen servicios este tipo de empresas han hecho que estas hayan desarrollado una naturaleza dual. Por un lado, las EMSP son meros “instrumentos” en manos de estados que las contratan para implementar una agenda política concreta. Por otro lado, estás se transforman en actores armados no estatales independientes bajo el paraguas de estados frágiles que las contratan para sustituir, en gran parte, las funciones que deberían realizar las Fuerzas y Cuerpos de seguridad públicas, socavando su legitimidad.

 

EMPS y extractivismo

Con el fin de la Guerra Fría acabó la escalada militar entre las dos antiguas superpotencias, dejando sin utilidad vastas infraestructuras y equipamientos de defensa, así como numerosos contingentes militares. El fin de varios conflictos nacionales tuvo un resultado similar, como el fin del gobierno de apartheid surafricano que había desarrollado una enorme estructura represiva y de segregación racial basada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La transformación de la industria militar y de seguridad era inevitable. El excedente militar fue reabsorbido por empresas privadas contribuyendo a la emergencia de las EMSP.

La surafricana Executive Outcomes o la británica Sandline, considerados los primeros ejemplos de las modernas EMSP, saltaron a la fama en la década de 1990 por su rol activo en las guerras de Sierra Leona y Angola, incluyendo su participación en el negocio de los llamados “Diamantes de sangre”. Posteriormente, la implicación de la EMSP Blackwater en la ocupación de Irak y la masacre de civiles en la plaza Nissour de Bagdad, puso de nuevo en el punto de mira a estas empresas, reavivándose el debate sobre el uso de mercenarios en las guerras.

Desde entonces, el uso de EMSP en los conflictos armados no se ha reducido. De hecho, estas se han convertido en una extensión de los aparatos del Estado en los conflictos nacionales e internacionales. Algunos gobiernos han intentado justificar esta política como una estrategia para reducir el gasto militar aduciendo que no es necesario mantener a estos contratistas militares en “tiempos de paz”, como sucede con los ejércitos regulares. En realidad es que el uso de EMSP permite a los gobiernos intervenir en conflictos armados reduciendo el escrutinio público y aprovechando las “zonas grises”[3] que escapan de la regulación internacional, y en donde las nuevas formas de mercenarismo tienen un amplio margen de acción.

Las denominadas “guerras proxy”, como las recientes guerras en Libia y Siria, han sido un terreno fértil para el uso de las EMSP en los conflictos internacionales, donde terceros Estados participan a través de la contratación de estos actores armados no estatales. En febrero de 2015, los medios se hacían eco de la noticia de que cientos de empleados de Wagner Group, una de las mayores EMSP rusas, habían fallecido en un bombardeo aéreo de tropas norteamericanas  en la región de Deir Ezzor, en Siria. Este episodio ha sido, de hecho, el encontronazo más letal entre Estados Unidos y Rusia desde el final de la Guerra Fría, aún de forma indirecta. Siguiendo su estrategia habitual, las autoridades rusas desmintieron cualquier tipo de relación con los mercenarios rusos.

La participación encubierta de EMSP, a través de contratos con gobiernos y/o empresas transnacionales (ETN), permite a estos actores asegurar el control de territorios geoestratégicos para la explotación de recursos naturales, reforzando así las lógicas de la economía extractivista en contextos de conflicto armado.

En la altamente fragmentada guerra civil que afecta a Libia desde 2014 hasta la actualidad, predomina el enfrentamiento entre las milicias del ex coronel del ejército libio Khalifa Haftar con el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), reconocido por Naciones Unidas, ambas partes están apoyadas por EMSP. Las fuerzas armadas del gobierno oficial cuentan entre 3.000 y 6.000 mercenarios sirios, al servicio de la Turquía de Erdogan y entrenadas por la EMSP turca Sadat, mientras que Khalifa Haftar cuenta con el apoyo de unos 200 combatientes de la EMSP rusa Wagner Group, financiados por Emiratos Árabes Unidos y equipados con armamento ruso[4]. Esto ha permitido a la EMSP rusa extender su control sobre las instalaciones petroleras, lo que revela el interés de sus clientes por los recursos energéticos en Libia.

 

Evitando el control público de los gobiernos

Wagner Group es una de las empresas militares y de seguridad privada con más tentáculos en los conflictos y tensiones del continente africano, en muchas ocasiones en cooperación con ETN chinas. El general estadounidense Thomas Waldhauser parafraseaba a un opositor de Kabila, presidente entonces de la República Democrática del Congo, asegurando en referencia a esta presencia de EMSP en África que “Rusia proporciona el músculo, mientras que China pone el dinero”.

Aunque China y Rusia puedan ser similares en términos de gobernanza, sus decisiones sobre la regulación y control de sus empresas de seguridad militar privada han tomado caminos muy distintos. China ha firmado el Documento de Montreaux de 2008, un marco normativo internacional no vinculante que establece responsabilidades para los gobiernos considerando el Derecho Internacional Humanitario (DIH), mientras que Rusia se mantiene reticente a comprometerse en ese sentido. Esto imposibilita al sistema internacional tener control sobre las actuaciones de las EMSP rusas que puedan incurrir en ilegalidades o abusos.

De hecho, uno de los factores que han determinado ese uso preferente de las EMSP por parte de los estados es la gran laxitud legislativa del sector a nivel nacional e internacional. No existe un sistema de rendición de cuentas vinculante, ni transparencia con respecto a los servicios que llevan a cabo, debido a su carácter privado y a la confidencialidad de sus contratos. La opacidad del sector complica la detección de estos grupos por parte de las autoridades del territorio en el que actúan. También trampea su relación con el Estado que las contrata o las apoya, puesto que los lazos que unen a estas empresas con las instituciones de poder de su país de origen –como vemos en el caso ruso– son poco transparentes.

Esa opacidad tiene sus ventajas, por supuesto, pues subcontratar a estas empresas para realizar servicios de carácter sensible, donde pueden darse numerosas bajas, representa un menor coste político para el gobierno del Estado contratante. Los gobiernos saben que la ciudadanía no percibe del mismo modo la muerte de un contratista de una empresa militar y de seguridad, que la de un soldado que puede ser visto como alguien que lucha para defender su país. El Estado contratante de EMSP evita el escrutinio de su parlamento y el escándalo de la opinión pública del país, mientras consigue sus objetivos operacionales.

Es por eso que el mercado militar privado ruso puede considerarse un mercado híbrido, por la implicación, aunque encubierta, del gobierno ruso en las acciones de las EMSP. De hecho, una estrategia habitualmente usada por el Kremlin para desmentir su participación en conflictos externos, es referirse al personal de las EMSP que participa en conflictos como “voluntarios armados de origen ruso”.

El vacío legal existente, que ha llevado a los estados a contratar veladamente a EMSP en la práctica totalidad de los conflictos armados activos, dificulta enormemente la rendición de cuentas por los abusos y vulneraciones de derechos humanos (tortura, secuestro, violaciones, especialmente en su despliegue en Irak y Afganistán) que pueden ser consideradas como violaciones del DIH. El caso más reciente de esta impunidad es el perdón de Trump a los mercenarios que trabajaban para Blackwater (hoy Academi) y que cumplían condena por la masacre de civiles en la plaza de Nissour en Irak.

 

Policía privada

A medida que los dos grandes escenarios de la privatización de la guerra, Afganistán e Irak, iban retomando sus instituciones políticas y las estructuras nacionales de seguridad tomaban el control de su territorio, las grandes EMSP comenzaron a poner el foco en otros sectores en alza de la seguridad interna de los estados, incluyendo economías avanzadas.

Respondiendo a las “nuevas amenazas” para la estabilidad nacional como el terrorismo, los ciberataques o la migración promovidas por las alertas de los sectores políticos, las EMSP han reforzado sus ofertas de servicios vinculados con la protección de infraestructuras críticas, gestión de flujos migratorios, las instituciones de castigo como las cárceles o los centros de internamiento de migrantes, la ciberseguridad y la inteligencia nacional, y otras tareas quasi-policiales.

De nuevo las EMSP encontraron la connivencia de los gobiernos. Por ejemplo, en un marco de protestas globales generalizadas, empresas como la francesa Groupe DCI ha ofrecido servicios de entrenamiento y asesoramiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Groupe DCI es una de las muchas empresas, cuyos servicios incluyen formación y asesoramiento a los cuerpos antidisturbios de la policía en lugares tan dispares como Estados Unidos o Bahréin, a pesar de la especial sensibilidad que sus actuaciones pueden despertar en la opinión pública.

Las EMSP han sido también un instrumento en operaciones internacionales contra la llamada “War on Drugs”  financiadas por Estados Unidos, como el Plan Colombia y la Mérida Initiative de 2006 en México. Estás empresas han realizado y siguen realizando tareas de formación, mantenimiento, apoyo logístico y equipamiento a actores estatales responsables de violaciones de derechos humanos directas e indirectas.

El último bastión de la penetración de estas empresas en la seguridad del Estado son las funciones propias del mantenimiento del orden público. No solo son utilizadas para patrullar urbanizaciones de élite, sino también espacios públicos. Algunos barrios de mayoría judía en Jerusalén, son, por ejemplo, protegidos por EMSP como Modi’in Ezrachi, que ejercen funciones que podrían considerarse como propias de los cuerpos de seguridad públicos. En algunos casos, como el de Ciudad del Cabo, donde el ejercicio de la seguridad pública sigue reflejando en muchos casos las desigualdades propias del apartheid, empresas de seguridad privadas como Professional Protection Alternatives no solo patrullan los barrios blancos acomodados, sino que actúan en espacios públicos como playas, realizando desalojos. Paradójicamente, disputando al Estado el monopolio de la coerción y la fuerza, con la abierta connivencia de este.

 

Festín punitivista

Una de las tendencias que mejor cristaliza la privatización de la seguridad como un nicho de negocio más del capitalismo salvaje es la privatización de las cárceles, de los centros de detención y de los centros de internamiento de personas migrantes. Este negocio mueve al año miles de millones de dólares y a menudo implica, no solo poner en manos de empresas la gestión del aparato punitivo del Estado, sino abrir la puerta a EMSP que ofrecen también este servicio.

Esta es una de las facetas de su participación en la seguridad pública que suscita una mayor oposición y alarma entre defensoras de derechos humanos y sociedad civil. Hasta el punto de que, en 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios publicó un informe sobre los impactos de la privatización de las cárceles y de los centros de internamiento de migrantes en los derechos humanos. Naciones Unidas estaba preocupada por el aumento generalizado de la población penitenciaria, derivada de políticas cada vez más punitivistas, que contemplan por ejemplo la ampliación de conductas castigadas con prisión o el aumento de las penas privativas de libertad. Y, naturalmente, de la conversión del derecho a migrar en una conducta punible.

El informe de Naciones Unidas señalaba la presencia de EMSP en el negocio de la privación de libertad en países como Austria, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido o Suráfrica. En el caso de Estados Unidos, las 3 EMSP que dominan el mercado –CoreCivic, Geo Group y Management and Training Corporation– tienen una larga trayectoria de denuncias por trato degradante, trabajos forzados, abusos, violencia y agresiones sexuales en prisiones, correccionales, centros de menores y de migrantes[5].

Retratos de inmigrantes latinoamericanos indocumentados presos en la cárcel Tent City del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona.

Sus actuaciones y el beneficio que obtienen del encierro de migrantes han generado una gran campaña de incidencia y protestas civiles liderada por organizaciones como Worth Rises, que ha conseguido victorias notables, como la decisión de la ciudad de Denver (Colorado) en 2019 de no renovar los contratos de 10,6 millones de dólares a Geo Group y CoreCivic. Recientemente, el nuevo presidente estadounidense Joe Biden anunció su compromiso de acabar con los fondos federales a las prisiones privadas.

Estas privatizaciones a manos de empresas de seguridad con dudosos estándares de respeto a los derechos humanos aumentaron en la segunda administración Obama y se intensificaron con las políticas anti-migratorias del expresidente Donald Trump. La pandemia ha recrudecido aún más esta situación, dejando la salud y la seguridad de las personas migrantes a merced de la gestión de EMSP, como MVM Inc. Antes de la emergencia sanitaria, esta empresa transportaba familias migrantes desde la frontera estadounidense a centros de detención e internamiento. Con el advenimiento de la COVID-19, ha estado utilizando hoteles para retener e internar a menores y criaturas antes de expulsarlos del país, como hizo público The New York Times en agosto de 2020.

A pesar de los numerosos escándalos que se suceden en las prisiones y centros de detención de migrantes en los países occidentales, la privatización continúa debido a la relación win-win entre el sector público y privado donde las empresas acceden a lucrosos contratos públicos, mientras que los gobiernos externalizan funciones inherentes de seguridad pública muy sensibles sobre los derechos humanos para evitar una rendición de cuentas efectiva. La protección pasa así, a un segundo plano para priorizar el beneficio y la falta de escrutinio público.

Los casos de abusos y vulneraciones de derechos humanos ponen el foco en la empresa en lugar de en las autoridades públicas responsables de la externalización, mientras que la finalización de contrato con la empresa puede suponer en ocasiones el fin del huracán mediático. En octubre de 2020, la EMSP británica G4S, recientemente adquirida por la firma Allied Universal, con presencia en 90 países, fue adjudicataria de la gestión por 10 años de la megacárcel de Wellingborough, a pesar de haber sido apartada el año anterior de la gestión de dos centros de migrantes al hacerse públicas unas imágenes donde los internos eran atacados y agredidos.

G4S ha estado involucrada en múltiples escándalos y acusada de constantes violaciones de derechos humanos dentro y fuera del Reino Unido. Por tanto, junto con Blackwater, G4S es una de las EMSP frecuentemente más criticadas, encontrando resistencias por parte del movimiento palestino Boicot, Desinversiones, Sanciones (BDS) y la ONG británica War on Want. Se ha enfrentado a múltiples campañas por su implicación en la provisión de servicios en la base estadounidense de Guantánamo, y el escándalo de malos tratos en un centro de detención de migrantes y solicitantes de asilo en islas Manus (Papua Nueva Guinea), con un contrato del Gobierno australiano.  Una campaña centrada en su implicación en los territorios ocupados, incluyendo provisión de equipamientos en los checkpoints israelíes, donde los derechos de los palestinos son frecuentemente vulnerados, llevó a una exitosa campaña de boicot que forzó a G4S a retirarse de las prisiones israelíes.

 

De la inteligencia tradicional a los cibermercenarios

Las formas del poder estatal se han transformado, no solo en consonancia con los conflictos contemporáneos, sino también con la era digital y las llamadas “amenazas híbridas”. Desde el 11-S, Estados Unidos ha invertido cantidades elevadas en tareas de inteligencia en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional, aumentando progresivamente la delegación de estos servicios a EMSP. Tim Shorrock, autor de Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing, afirma que el 70% del presupuesto de inteligencia de Estados Unidos de 2007 se externalizó a contratistas de seguridad. Un año más tarde, una investigación de The Washington Post averiguó que 1.931 corporaciones privadas estaban colaborando en los ámbitos de seguridad nacional, antiterrorismo e inteligencia desde 10.000 localizaciones del país norteamericano.

La contratación de tecnologías para la vigilancia por parte de las agencias gubernamentales de inteligencia no es un fenómeno nuevo. Lo que es inusual es la contratación de personal especializado para funciones de inteligencia y seguridad nacional. El Observatorio Shock Monitor registra en su base de datos 216 EMSP, de un total de 770, que disponen de servicios de inteligencia para gobiernos, ETN y clientes particulares.

Estos servicios han ido evolucionando con el uso de las nuevas tecnologías y ahora también incluyen las amenazas del ciberespacio. Los contratistas de seguridad privada proveen y mantienen sistemas tecnológicos de software y hardware; recogen datos vinculados con la seguridad nacional a través de la intercepción de llamadas, hackeo de móviles y sistemas informáticos; analizan y sistematizan datos relacionados con la seguridad nacional; producen informes de evaluación de riesgos para altos mandos militares; manejan drones para actividades de reconocimiento durante protestas o en conflictos armados más allá de sus fronteras; y realizan operaciones secretas que requieren actividades ilegales como infiltración en movimientos sociales o interrogatorios de sospechosos.

Algunas EMSP han creado sus propios departamentos de ciberseguridad para dar respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes. Booz Allen Hamilton, una de los principales contratistas de inteligencia norteamericana, ofrece servicios de ciberseguridad que les permiten realizar ataques en el dominio cibernético. La EMSP rusa RSB Group se ha especializado en inteligencia y ciberseguridad desde 2016, y la británica G4S creaba un “Cyber Consulting and Security Operation Centre” ese mismo año. Otras empresas como la francesa Amarante International, la danesa Risk Intelligence, especializada en seguridad marítima, o la británica Control Risks han desarrollado sofisticadas herramientas de Big Data para elaborar informes de seguridad internacional identificando amenazas específicas para sus clientes.

La participación de EMSP y contratistas de seguridad privada en los procesos de análisis de datos les coloca en una posición privilegiada para influir en la percepción de las amenazas a las que se enfrentan sus clientes gubernamentales, influyendo en la definición de políticas públicas o planes de seguridad. Los fines de lucro económico, y el enfoque militar y técnico de seguridad de las EMSP moldean los resultados de sus investigaciones y sus propuestas para neutralizar las amenazas identificadas. En definitiva, este enfoque influye en la percepción de inseguridad de sus clientes e ignorando las dinámicas sociales y políticas de los contextos de análisis, marginalizando las respuestas no-militares, diplomáticas o de mediación.

El ciberespionaje se ha convertido, así, en un servicio clave prestado por las EMSP que ha implicado la contratación masiva de hackers, o lo que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios denomina como cibermercenarios. La externalización de servicios de inteligencia a EMSP refuerza la lógica impunidad, reduciendo los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, y dificultando deliberadamente una supervisión democrática de estas operaciones, como ha indicado el investigador Armin Krishnan. Estos servicios incluyen trabajos muy delicados y controvertidos, ya que las EMSP se utilizan como proxies para eludir el escrutinio público e influir en los asuntos internos de otros países.

La Agencia Militar de Inteligencia rusa (GRU) utilizó los servicios de la Internet Research Agency, también conocida como Troll Factory, del oligarca Yevgeny V. Prigozhin para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 a través del hackeo de datos del Partido Demócrata y la desinformación en  las redes sociales para favorecer la campaña presidencial de Donald Trump.

Las actividades de hackeo de información realizadas por la Troll Factory no son un caso aislado. A menor escala, numerosas EMSP ofrecen servicios de carácter ofensivo como active cyber defense (ACD) o hacking back para recuperar información robada, interrumpir o dañar redes de potenciales infraestructuras enemiga. Asimismo, estos hackers realizan funciones de forma remota, como tareas de reconocimiento con el manejo de drones a miles de kilómetros de distancia, acciones ofensivas en internet o apoyar gobiernos autoritarios en acciones represivas sobre su población. Es decir, los contratistas de seguridad pueden estar en la primera línea de los conflictos contemporáneos sin dejar el salón de su casa. Ambas situaciones suponen un reto para la regulación de las actividades de ciberseguridad de las EMSP en términos de jurisdicción aplicable y participación en guerra cibernética.

A su vez, la cooperación en el ámbito de la inteligencia implica el acceso de los contratistas de seguridad privada a información sensible vinculada con la seguridad nacional y a bases de datos de agencias de orden público con información personal de la ciudadanía. Esta dinámica tiene un impacto evidente sobre los derechos civiles y políticos. Como ejemplo, una investigación periodística de The Intercept reveló las fraudulentas actividades de inteligencia de la EMSP Tiger Swan para recabar datos a través de su infiltración en el movimiento indígena y ecologista Standing Rock contra el proyecto extractivista de la empresa Energy Transfer en North Dakota. Los informes producidos por Tiger Swan fueron utilizados por las agentes de la policía local, el FBI y los Fusion Center del Departamento de Homeland Security (DHS) creados después del 11-S para lucha contra el terrorismo internacional.

Prácticas como esta son también ampliamente utilizadas en países de ingresos bajos y medios, donde la complicidad entres Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, contratistas de seguridad y sicarios ha sido responsable de la muerte de numerosas personas defensoras de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres en Honduras y muchos más en Colombia y Brasil.

Por último, la privatización de la inteligencia ha supuesto que los expertos de agencias gubernamentales trabajen para el mejor postor, ya sea empresas, otros gobiernos o magnates. En 2019, un ex agente de la NSA destapó el proyecto Raven, una unidad de inteligencia desarrollada por los Emiratos Árabes Unidos formada por cibermercenarios, incluyendo ex operativos de unidades de inteligencia norteamericana. Los analistas de Raven, además, contaban con un sistema muy sofisticado –de origen desconocido– para hackear móviles iPhone, conocido como Karma. El proyecto Raven se dedicó durante años al monitoreo de disidentes y críticos con el gobierno de Abu Dhabi, como el periodista británico Rori Donaghy, el activista emirato Ahmed Mansoor o Tawakkol Karman, líder de las protestas de la “Primavera Árabe” en Yemen.

Amenazas a los derechos civiles y políticos

Los movimientos sociales, sindicalistas, activistas, periodistas y líderes indígenas han sido un objetivo frecuente de los gobiernos, ETN y agencias privadas de inteligencia. Ese trabajo puede ser realizado ahora por una EMSP. Son numerosos los casos de ETN que han contratado los servicios de EMSP para espiar activistas: Kroll fue contratada por Texaco Chevron en Ecuador, Academi (antigua Blackwater) se convirtió en el departamento de inteligencia de Monsanto, y Stratfor trabajó para Coca-Cola. Los servicios de inteligencia de las EMSP han sido fundamentales para identificar a líderes sociales y armar campañas de desprestigio contra los mismos, unas prácticas trágicamente extendidas en América Latina por orden de empresas petroleras y mineras, y en complicidad con las autoridades locales.

La simbiosis entre gobiernos, élites económicas y EMSP se ha traducido en escándalos de conflictos de intereses y puertas giratorias de altos mandos de agencias gubernamentales de inteligencia que acaban trabajando para EMSP y viceversa. Pero más preocupante es el alineamiento político e ideológico entre el sector público y privado, determinando una visión del mundo e interpretación de la seguridad internacional a favor de los intereses geoestratégicos de los gobiernos occidentales.

Existe una relación orgánica entre los Estados y las grandes multinacionales registradas en su jurisdicción. Los gobiernos priorizan la seguridad económica a través de promocionar y proteger a sus empresas, incluyendo el sector de las EMSP, lo que se traduce en una relación de fidelidad empresarial aunque las empresas puedan tener contratos con terceros estados. El caso ruso muestra los fuerte lazos que unen a estas empresas con el establishment político y económico del país, y la misma tendencia se puede identificar en los países occidentales.

Hacia finales de 2020, el fiscal iraní Ali Al-Qasi Mehr acusó a la EMSP británica G4S de estar involucrada en el asesinato del general Qassem Soleimani y el comandante Abu Mahdi Al-Muhandis el 3 de junio de 2020. Según Al-Qasi Mehr, G4S aportó información a la Administración de Trump sobre la llegada de los altos mandos militares iraníes al aeropuerto de Bagdad, donde la empresa G4S estaba proveyendo servicios de seguridad desde  2010. G4S rechazó tal acusación, pero claramente tenía la capacidad de utilizar su posición privilegiada para realizar tareas de inteligencia para los gobiernos occidentales.

La connivencia de las élites económicas y políticas como un fenómeno propio del capitalismo también se cristalizó durante la Administración de Trump. El magnate norteamericano Sheldon Adelson, amigo íntimo de Trump, ejerció su influencia para espiar a Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres a través de la empresa española Undercover Global S.L. Esta empresa registró conversaciones de reuniones privadas de Assange con sus abogados para la CIA violando el derecho de intimidad del ciberactivista y formalmente invadiendo el territorio de Ecuador.

En el fondo de estas relaciones y estructuras puede discernirse alineamientos con el programa económico, social y moral del neoliberalismo en su estadio más avanzado, que concibe lo público únicamente como un nicho económico que explotar, sin importar las consecuencias sociales que se deriven de ello. La externalización de la seguridad  por los gobiernos y sus agencias no esta simplemente basada en una mera cuestión eficiencia  desprovista de ideología. La evidencia muestra que la tendencia a dejar en manos privadas cuestiones tan sensibles, y fundamentalmente tan políticas, como la seguridad, y tan intrínsecas a los fundamentos del Estado liberal capitalista como es el monopolio de la violencia y del poder coercitivo, es un proceso deliberado, y también muy arriesgado. Arriesgado para la integridad física de las personas en los contextos de conflictos y tensiones donde estas empresas operan, pero también con respecto a los derechos civiles y políticos de quienes viven en los Estados que las contratan.

 

Créditos de fotos:

Retratos de inmigrantes latinoamericanos indocumentados presos en la cárcel Tent City del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona. Se hizo notable sobretodo por las temperaturas extremas de Phoenix, con sus temperaturas diurnas dentro de las tiendas de campaña de hasta 150 °F (65 °C).  Entre 2006 y 2016, Joe Arpaio, que se autodenomina “el sheriff más duro de Estados Unidos”, centró cada vez más sus esfuerzos en criminalizar a la comunidad latinoamericana indocumentada del condado de Maricopa. Arpaio fue condenado por desacato penal en 2017, por el que, posteriormente, fue indultado por Donald Trump. La cárcel de Tent City fue finalmente cerrada en 2017. Crédito: © Jon Lowenstein / NOOR

 

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.

 

[1] Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (www.odhe.cat) y Shock Monitor (www.shockmonitor.org) son proyectos liderados por Suds y Novact.

[2] Foessel, M. (2011) Estado de vigilancia: crítica de la razón securitaria, (Madrid, Lengua de Trapo)

[3] El concepto de la zona gris intenta definir ciertas dinámicas de conflicto político en la que los estados utilizan acciones “encubiertas” de carácter coercitivo que no son suficientes para escalar a un conflicto militar.

[4] Fabricius, P. (2019) “The proliferation of outside forces in the conflict, with different and obscure agendas, complicates peace efforts”. Institute for Security Studies. Online: issafrica.org/iss-today/russia-throws-more-weight-behind-haftar-in-libya

[5] Información extraída de la base de datos de Shock Monitor. Online: shockmonitor.org/

Jun 2021