Acabar con la impunidad empresarial, empezar desde lo que es de todas.

En las últimas décadas de hegemonía del modelo neoliberal, hemos asistido a la progresiva concentración del capital en grandes conglomerados empresariales con un enorme poder económico, pero también político. El peso político de estos grandes conglomerados – que tienen la capacidad de influir en decisiones gubernamentales, posicionan a hombres y mujeres políticas en sus órganos de dirección, y chantajean a los Estados con sus desinversiones-, se refleja especialmente en la instauración de un entramado de normas vinculantes para los Estados que garantiza la impunidad de las acciones empresariales, atentando contra los pilares del Estado de Derecho y los derechos humanos más básicos.

Las organizaciones de la sociedad civil hace años que denuncian una violación sistemática de los derechos humanos por parte de las empresas y la gran dificultad para responsabilizarse estas mismas corporaciones por sus abusos. Esto se debe a la instauración de un Derecho Corporativo Global y la creación de complejísimas cadenas de suministros y grupos empresariales que complica la atribución de responsabilidades. Nos encontramos por tanto ante una auténtica arquitectura de la impunidad que blinda los intereses de las corporaciones por encima de los derechos humanos de las comunidades afectadas y las personas trabajadoras.

La impunidad es la norma y no la excepción. El acceso a la justicia y al remedio efectivo siguen siendo una ilusión para la mayoría de víctimas de violaciones y abusos. Estas situaciones se dan de manera sistemática tanto en América o en Asia, como en nuestro propio ámbito mediterráneo, donde parece haberse normalizado el beneficio empresarial en zonas ocupadas como Palestina o el Sahara Occidental. En territorios ocupados, por ejemplo, empresas de otras partes se benefician de un acceso a los recursos naturales que no cuenta ni con el visto bueno, ni beneficia a las propias comunidades locales.

De hecho, no es infrecuente que las grandes empresas españolas establezcan acuerdos o contraten los servicios de empresas extranjeras que han sido condenadas o están siendo investigadas por casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra. Grandes empresas que son culpables de violaciones de derechos humanos se esconden tras su opacidad (el llamado velo empresarial) y se excusan en la supuesta inocencia de las empresas matriz, que pretenden no tener responsabilidad en las condiciones en que filiales o empresas subcontratadas actúan.

Después de 6 años de la aprobación de los Principios Rectores de Ruggie, el número de vulneraciones no ha disminuido, y las denuncias públicas o identificación de empresas no ha supuesto ningún cambio de actitud empresarial significativo que avale la auto-regulación y la idoneidad de contar tan sólo con principios voluntarios. La actividad transnacional hace muy urgente establecer mecanismos vinculantes y efectivos para controlar la cadena de suministro de las empresas transnacionales, esencial para garantizar el respeto de los derechos humanos.

Leyes como la aprobada en Francia en marzo de 2017, a pesar de las carencias, ponen mecanismos para levantar el velo corporativo, para controlar la debida diligencia de las empresas y estimular estas a permanecer vigilantes a que en toda su cadena de valor – desde las inversiones que los financian, las minas de donde extraen las materias primas, hasta el producto que llega al consumidor-, esté libre de violaciones de derechos humanos.

Actualmente, el mundo está lleno de casos de explotación infantil, esclavitud, crímenes al medio natural y los recursos de los que viven comunidades enteras, pero también casos de tortura, abusos sexuales, etc. La Organización Mundial del Trabajo nos recuerda que hay 25 millones de personas en situación de trabajo forzoso.

Este impacto en los derechos humanos nos obliga a repensar un debate global a la vez que local para identificar nuevas estrategias que permitan prevenir estos abusos, desmantelar la arquitectura de la impunidad y construir una cultura en el ámbito empresarial de respeto de los derechos humanos como actores socialmente responsables con su entorno y las comunidades donde operan. Las sesiones de trabajo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la creación de un Tratado internacional para las empresas transnacionales o la Resolución 359 / XI aprobada por el Parlamento Catalán en 2016, cristalizan los esfuerzos para reforzar la gobernanza global y los instrumentos del estado para asegurar que las empresas transnacionales respetan también los derechos humanos más allá de nuestras fronteras.

La importancia de la contratación pública.

Ante injusticias globales que nos hacen sentir impotentes, una herramienta para empezar a trabajar desde el refugio de la proximidad es promover una contratación pública que respete los derechos humanos en toda la cadena de suministro. Una contratación pública valiente, creativa, y realmente justa tiene actualmente margen legal suficiente para desarrollar mecanismos que obliguen a las empresas a llevar a cabo la debida diligencia en sus actuaciones y no sólo a través de declaraciones de intenciones o protocolos sellados que a menudo no tienen un seguimiento efectivo.

Las administraciones europeas, estatales y locales han creado una infraestructura compleja para desarrollar las diferentes fases de los procesos licitadores; desde su anuncio hasta el seguimiento del cumplimiento de los requisitos y funciones acordadas entre el órgano adjudicador y la empresa contratada. Todo ello en el marco de la gestión eficiente del dinero de las personas contribuyentes que tradicionalmente priorizaba la selección de la oferta más barata entre las diferentes ofertas licitadores.

Sin embargo, actualmente se reconoce en el marco sobre todo europeo, como argumenta la Guía 99,3% Responsable, que la contratación pública tiene una función estratégica en la promoción «de prácticas más sostenibles y respetuosas con los derechos humanos por parte de las empresas licitadoras». Las administraciones públicas tienen también la obligación de ejercer el «rol protector y vigilante de estos derechos fundamentales».

La Directiva europea 24/2014 sobre contratación pública supone un cambio de paradigma en esta dirección. Por un lado, se incorporan criterios sociales y medioambientales como parámetros de calidad de la obra, suministro o servicio que se ofrece. Por otra parte, el órgano adjudicador tiene ahora la posibilidad de valorar cualquier aspecto del ciclo vida de la obra, suministro o servicio que se pretenda adquirir, desde su producción hasta su destrucción, incluyendo procesos específicos de fases ulteriores del ciclo de vida, incluso cuando estos factores no formen parte de la sustancia material.

Estos cambios legislativos a nivel europeo son el reflejo de una tendencia global que plantea la contratación pública como herramienta de transformación social y la defensa de los derechos humanos. Hoy mismo, pues, las administraciones públicas pueden empezar a trabajar para acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales. Desde el ODHE, vemos la Guía 99,3% Responsable como un importante paso hacia la transformación de la economía, para que ésta sea realmente una herramienta al servicio de los pueblos y la ciudadanía, coherente con los derechos humanos aquí y en todo.

La lucha a nivel global viene desde abajo, desde las miles de activistas que todo el mundo se movilizan para intentar detener, a veces con sus propios cuerpos y sus vidas, las vulneraciones y abusos que las empresas transnacionales realizan en pro del beneficio económico. Desde abajo es pues la lucha que se inicia y es desde la comunidad desde donde se pueden articular propuestas más transformativas y valientes. Es desde el ámbito local donde se pueden articular propuestas efectivas, buenas prácticas y ejemplos que otorguen fuerza, legitimidad y realidad a la lucha global.

Empezar desde abajo implica también establecer mecanismos de participación y de coordinación entre las administraciones públicas, los centros de estudios, la sociedad civil, y las comunidades, a fin de garantizar que la economía está realmente al servicio de las personas, y que las empresas transnacionales no pueden simplemente dotarse de grandes equipos de abogados, de protocolos, papeleo y sellos privados que los ayuden a sobrepasar cualquier mecanismo destinado a controlar y promover el respeto a los derechos humanos.

Más allá de las regulaciones que operativizan la implementación de los derechos humanos, hay que establecer mecanismos y espacios permanentes de diálogo y participación de la población en las administraciones públicas, democratizar las estructuras públicas. Trabajar más estrechamente con organizaciones y sociedad civil permite aumentar la sensibilización ciudadana, promover buenas prácticas y, sobre todo, evitará enrocarse en sentencias judiciales firmes para excluir ciertas empresas de los procesos de contratación pública. Hay que garantizar que las comunidades puedan hacer oír su voz y que las administraciones públicas escuchen de verdad.

Epílogo de la Guía 99,3% Responsable